La proposición sobre nacionalidad para los saharauis llega este 10 de septiembre al Pleno del Congreso con una mayoría favorable suficiente para superar la votación, pero también con posiciones que han cambiado durante una tramitación de año y medio. El PSOE ha confirmado finalmente su apoyo, Sumar y buena parte de los grupos que sostuvieron el dictamen mantienen el sí, Vox continúa en contra y el PP llega a la víspera sin despejar definitivamente su voto. Junts, que se abstuvo en Comisión, completa el mapa de las posiciones que habrá que observar en el hemiciclo.
Carlos Cristóbal – Equipo «NO TE OLVIDES DEL SÁHARA OCCIDENTAL»
El Congreso de los Diputados llega al 10 de septiembre con una mayoría suficiente para sacar adelante la proposición de ley sobre nacionalidad saharaui, pero la fotografía política que acompañará a la votación tiene más interés que una simple suma de votos. El camino recorrido desde que la Cámara aceptó tramitar la iniciativa en febrero de 2025 ha obligado a casi todos los grupos a fijar posición sobre una cuestión que España arrastra desde su retirada del Sáhara Occidental y ha provocado movimientos significativos, especialmente en el PSOE y el Partido Popular.
El texto que se someterá al Pleno ya no es tampoco aquel que comenzó su recorrido parlamentario. La Comisión de Justicia incorporó modificaciones importantes, entre ellas la ampliación hasta el 29 de septiembre de 1977 de la fecha de nacimiento para acogerse a la carta de naturaleza, la inclusión de los descendientes de primer grado y la reducción a dos años de residencia para el acceso de los saharauis a la nacionalidad por esa vía ordinaria. Como explicábamos en la primera parte de este análisis, esas modificaciones permiten hablar de una norma considerablemente más amplia que la proposición original.
Pero este jueves ya no será el momento de las negociaciones discretas. Cada grupo tendrá que votar.
Sumar llega al Pleno después de haber empujado la ley durante toda la legislatura
Sumar no ofrece ninguna incógnita. La proposición nació de su grupo parlamentario y ha sido una de las iniciativas que con mayor constancia ha impulsado Tesh Sidi, que durante los últimos meses ha tratado de ampliar el respaldo más allá de los grupos que ya garantizan la aprobación.
En vísperas del Pleno, esa presión se ha dirigido especialmente al Partido Popular. Sumar considera insuficiente una nueva abstención y ha pedido públicamente al PP que transforme en un voto favorable el movimiento que ya realizó en julio, cuando dejó atrás su rechazo en ponencia y permitió con su abstención que el dictamen saliera de la Comisión de Justicia.
Para los promotores, la nacionalidad no pretende sustituir la cuestión política de fondo del Sáhara Occidental ni su derecho a la autodeterminación. La iniciativa se presenta como una respuesta española a las consecuencias jurídicas que dejó la retirada del territorio y a la situación de una población que había estado sometida durante décadas a la administración de España.
El PSOE culmina su cambio y confirma el sí
La posición socialista es probablemente la que mejor permite medir cuánto ha cambiado el escenario desde el comienzo de la tramitación. El PSOE se opuso en febrero de 2025 a que la proposición comenzara siquiera su recorrido parlamentario. Meses después fue modificando su posición hasta participar en el acuerdo que permitió aprobar el dictamen en la Comisión de Justicia.
La incógnita que todavía podía existir quedó despejada este 8 de septiembre. El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, confirmó que su grupo votará a favor y quiso además desvincular expresamente la decisión de la reacción que pueda producir en Rabat, defendiendo la autonomía del Parlamento español para decidir sobre la nacionalidad.
El giro tiene importancia porque convierte en mayoría holgada lo que inicialmente fue una iniciativa aprobada para su tramitación contra el criterio del principal partido del Gobierno. También coloca al PSOE ante una cuestión especialmente sensible después del cambio de posición de Pedro Sánchez sobre el Sáhara Occidental en marzo de 2022.
ERC, EH Bildu, PNV, Podemos y BNG: un apoyo construido durante la tramitación
Alrededor de Sumar y del nuevo sí socialista se encuentra un conjunto de grupos que han venido defendiendo la iniciativa durante su recorrido parlamentario.
ERC ha presentado la medida como una reparación que llega tarde y ha insistido en separar el acceso a la nacionalidad del derecho del pueblo saharaui a decidir su futuro. EH Bildu ha mantenido una posición semejante, defendiendo que España debe responder a las consecuencias de su pasado colonial sin convertir la nacionalidad en sustituto de la autodeterminación.
El PNV también ha situado la iniciativa dentro de una responsabilidad histórica española y ha respaldado el avance del texto. Podemos ha mantenido un apoyo inequívoco y ha aprovechado la proximidad de la votación para cuestionar la posición del PP, mientras el BNG ha sostenido desde la toma en consideración su respaldo a una propuesta que vincula igualmente con la deuda histórica de España con el Sáhara Occidental.
No todos estos grupos han realizado en las últimas horas un nuevo anuncio formal de voto. Conviene distinguirlo. Pero sus intervenciones y sus votos durante la tramitación permiten situarlos dentro del bloque favorable que ha hecho posible que la proposición llegue hasta el Pleno.
El PP apunta a repetir la abstención, aunque evita cerrar oficialmente el voto
El Partido Popular llega al Pleno como una de las posiciones que más ha variado durante la tramitación. Votó a favor de tomar en consideración la proposición en febrero, rechazó el texto de la ponencia en junio y se abstuvo finalmente en la Comisión de Justicia. Este miércoles, la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, ha apuntado a que el grupo podría mantener esa abstención, aunque ha evitado confirmar formalmente el sentido del voto antes del debate.
El PP mantiene además vivas para el Pleno ocho enmiendas y sostiene que comparte la necesidad de facilitar la nacionalidad española a los saharauis que la perdieron, pero rechaza que se haga mediante la carta de naturaleza y defiende otras vías. Muñoz ha reconocido expresamente que España tiene «una deuda con el pueblo saharaui», al tiempo que insiste en sus objeciones al procedimiento escogido.
Junts: favorable al fondo, pero hasta ahora en la abstención
La posición de Junts requiere también algún matiz. Su grupo se abstuvo en la Comisión de Justicia, aunque su intervención no expresó un rechazo al objetivo de la proposición. Las reservas se concentraron especialmente en la tramitación y en determinados aspectos jurídicos de la norma.
Por eso no resulta correcto incluir a Junts dentro del bloque contrario, pero tampoco dar por hecho que votará favorablemente este jueves. A falta de una confirmación definitiva, la referencia más sólida sigue siendo su abstención en Comisión.
Su voto tendrá menos capacidad para decidir el destino de la proposición que para mostrar hasta dónde ha conseguido ampliarse el consenso político alrededor de ella.
Vox mantiene el rechazo
En el extremo contrario no existe esa incertidumbre. Vox fue el único grupo que votó contra el dictamen en la Comisión de Justicia y ha mantenido sus objeciones tanto al procedimiento elegido para conceder la nacionalidad como a los requisitos establecidos para acreditarla.
En Comisión, el texto fue aprobado por 19 votos a favor, 3 en contra y 15 abstenciones. Los tres votos negativos correspondieron a Vox. Nada de lo conocido desde entonces permite pensar en un cambio de posición antes del Pleno.
Una mayoría suficiente y un PP que apunta a la abstención
La proposición llega al 10 de septiembre con una mayoría favorable que, salvo un cambio político inesperado, debería permitir su aprobación en el Congreso. PSOE y Sumar, junto con ERC, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG y otros apoyos que han acompañado el texto durante su tramitación, proporcionan un respaldo previsiblemente suficiente. La cuestión ya no está tanto en si la ley superará el Pleno como en comprobar con qué amplitud lo hace.
La principal novedad de las últimas horas está en el Partido Popular. Después de haber votado a favor de la toma en consideración, rechazar posteriormente el texto de la ponencia y abstenerse en la Comisión de Justicia, la formación apunta ahora a mantener esa abstención en el Pleno. Ester Muñoz ha deslizado esa posibilidad, aunque sin cerrar formalmente el voto antes del debate. El PP mantiene además vivas sus enmiendas y continúa rechazando la fórmula de la carta de naturaleza escogida en la proposición.
Junts sigue siendo la posición más abierta. El grupo ha mostrado su acuerdo con el objetivo de reparación que persigue la iniciativa, pero se abstuvo en Comisión por sus reservas sobre el procedimiento y la tramitación. Habrá que comprobar si esas objeciones siguen pesando más que su respaldo al fondo de la ley cuando llegue el momento de votar.
El resultado permitirá además comparar la fotografía del 10 de septiembre con aquella con la que comenzó el recorrido. El 25 de febrero de 2025, la toma en consideración salió adelante por 195 votos a favor, 116 en contra y 33 abstenciones. Año y medio después, el Congreso votará un texto diferente y con unas posiciones políticas que también han cambiado.
El pueblo saharaui quiere seguir la votación de cerca
La expectación no se limita al interior del Congreso. Organizaciones saharauis y colectivos solidarios han preparado iniciativas para acompañar una jornada que consideran histórica, incluidos desplazamientos organizados desde diferentes lugares de España.
De manera separada, se ha difundido también una convocatoria dirigida a saharauis y personas vinculadas a la causa para solicitar acceso al Congreso como público invitado y seguir presencialmente la sesión. El Pleno comenzará a las 9:00 horas y la previsión comunicada a quienes están gestionando ese acceso sitúa la votación aproximadamente a las 16:30.
No son la misma convocatoria y conviene distinguirlas: una cosa son las movilizaciones y desplazamientos organizados hacia Madrid y otra la gestión de plazas para asistir al Pleno desde el espacio reservado al público.
Después de un recorrido parlamentario largo y no pocas veces incierto, el 10 de septiembre pondrá nombres, grupos y votos a una decisión que afecta directamente a miles de saharauis. El resultado no supondrá todavía la entrada en vigor de la ley —quedará el trámite del Senado—, pero sí dejará fijada la posición del Congreso ante una de las consecuencias que siguen abiertas medio siglo después de la retirada española del Sáhara Occidental.