naiz: Iritzia | Opinión – La sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre el Sahara Occidental
Ali Salem Iselmu
Periodista y escritor saharaui

Marruecos no podrá mantener de forma indefinida este pulso contra el derecho internacional, sus aliados lo saben. Saben que los recursos naturales y los caladeros de pesca son del pueblo saharaui.

La sentencia del Tribunal de Justicia de La Unión Europea emitida el 29 de setiembre de 2021 en respuesta a tres recursos presentados por el Frente Polisario, en contra de la legalidad del acuerdo agrícola y de pesca de Europa con Marruecos al incluir el territorio del Sahara Occidental. Nos viene a confirmar y consolidar el estatus de territorio no Autónomo del que goza el Sahara Occidental que reconoció en el año 2002 el asesor jurídico de las Naciones Unidas Hans Corell.

El derecho a la autodeterminación de un pueblo debe ser entendido en términos económicos, políticos y sociales. Marruecos lo vulneró cuando rechazó el Plan Baker y el referéndum del año 1991 como solución democrática a las aspiraciones del pueblo saharaui. El colonialismo y la ocupación de territorios a la fuerza en busca del control de sus recursos, es una vieja lacra que afectó a muchos países de África, América Latina y Asia. Es de sobra conocida la lucha de países como la India, Argelia, México o Cuba en defensa de su soberanía e independencia.

El pueblo saharaui a través de su legítimo representante el Frente Polisario, ha dado una clase magistral a quienes defienden la jurisdicción internacional. La voluntad de un pueblo ha de prevalecer por encima de cualquier interés comercial y económico. Qué valor puede tener la riqueza de un territorio, cuando buena parte de sus habitantes son refugiados y viven de la asistencia internacional.

Es una flagrante violación mantener relaciones comerciales en el Sahara Occidental en medio de una guerra entre el Frente Polisario y Marruecos desde el pasado mes de noviembre. La Naciones Unidas deberían tomar nota de esta sentencia. La legitimidad del Frente Polisario y de la República Saharaui que controla parte del territorio es un hecho incuestionable. La declaración de Trump el año pasado reconociendo la soberanía del Sahara Occidental a Marruecos y la falta de una acción clara de la administración Biden son los elementos que utilizan países y empresas sin escrúpulos para evadir la legalidad jurídica en un tema claro de descolonización.

Hemos visto como Europa desoyó la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del año 2016 que dejaba clara la separación jurídica del territorio saharaui de Marruecos, en aquella ocasión alegaron que la población se beneficiaba de la actividad económica que se generaba de la explotación de dichos recursos. Ignoraron al Frente Polisario, a los refugiados, a los exiliados que huyeron en el año 1975 de la ocupación militar marroquí. He aquí hoy la victoria de la justicia al reconocer al Frente Polisario y a los saharauis capacidad jurídica y legal sobre las riquezas del Sahara Occidental.

Las relaciones diplomáticas entre Marruecos y Argelia están rotas, el espacio aéreo y terrestre cerrados. España y su Gobierno ven que el cambio de la ministra González Laya por Manuel Albares en exteriores no va a posibilitar que desaparezcan los conflictos con Marruecos en temas relacionados con las fronteras, inmigración, seguridad o comercio. Algo se mueve en el interior de la tierra que me hace recordar el volcán de La Palma en Islas Canarias. dicho de otra manera, estamos ante un nuevo escenario que hará correr ríos de lava en un conflicto que se recrudecerá y nos llevará hasta sus últimas consecuencias.

Los saharauis tienen suficientes fundamentos jurídicos para denunciar a los que comercializan con sus riquezas y después ejercen el derecho de veto en el Consejo de Seguridad contra un mecanismo de protección de derechos humanos, que evite juicios militares a activistas de la sociedad civil. Esto lo sabe de sobra Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Relator de la ONU contra la tortura.

Marruecos no podrá mantener de forma indefinida este pulso contra el derecho internacional, sus aliados lo saben. Saben que los recursos naturales y los caladeros de pesca son del pueblo saharaui. Firmar con Marruecos acuerdos sobre una riqueza que no le pertenece e intentar quitar legitimidad al Frente Polisario es una batalla perdida en el ámbito moral y jurídico.

La víctima siempre tendrá sus derechos por más que el agresor intente camuflarse en acuerdos ilegales y emprender una huida permanente desoyendo las sentencias judiciales y a los tribunales.

El pueblo saharaui y el Frente Polisario son una realidad de un conflicto que lleva más de cuarenta años varado en los despachos del Consejo de Seguridad, a la espera de que termine la ocupación militar por parte de Marruecos al Sahara Occidental y se aplique el derecho a la autodeterminación. Derecho que devolverá los recursos naturales a sus verdaderos dueños, los saharauis.

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