El viento seco y ardiente abraza los minaretes y las calles rojas y blancas de El Aaiún, moviendo grandes aspas de molinos que asemejan gigantes. Al contrario que en las aventuras del ingenioso hidalgo, estos son muy reales. Con su constante batir, producen la energía que sirve para el funcionamiento de la mina de fosfatos de PhosBoucraa que da ingentes beneficios a sus accionistas en el Estado español y en Europa.

Siguiendo el recorrido del viento por una tierra habitada por un pueblo que nunca aceptó la soberanía de un rey absoluto, podemos encontrar innumerables empresas europeas (como Siemens Gamesa o Indra) que, más allá de expoliar los recursos naturales del Sahara Occidental sin el consentimiento expreso de la población autóctona, en violación flagrante del derecho internacional, hacen posible el mantenimiento del statu quo. A modo de gigantes altivos, movidos por un ánimo de lucro incesante e irracional, estas empresas generan las condiciones que permiten la presencia marroquí en el Sáhara Occidental.

¿En qué consisten estas «condiciones de posibilidad»? En la producción de energía para el funcionamiento de las actividades extractivas ilegales auspiciadas por la monarquía alauita, en la provisión de hidrocarburos o en facilitar equipos y materiales para el perfeccionamiento de las tareas represivas de unas fuerzas de seguridad caracterizados por su brutalidad contra cualquier expresión política de defensa de los derechos humanos.

Dada esta base material sobre la que se apuntala el andamiaje de la ocupación marroquí y el saqueo de los recursos, propiedad inalienable del pueblo saharaui, encontramos el entramado institucional de naturaleza neocolonial que la Unión Europea proyecta sobre el continente africano. Además del llamado «cambio de posición de España» (que no supone nada más que una profundización coherente de la postura adoptada el 14 de noviembre de 1974) y de los continuos obstáculos del Parlamento Europeo a la ejecución de las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE, encontramos cómo incluso la política de ayuda al desarrollo es utilizada para consolidar la ocupación ilegal marroquí.

Tal y como reflejábamos en nuestro informe, Marruecos ha recibido, desde 2007, más de 3.000 millones de euros a través del Instrumento Europeo de Vecindad y del Instrumento Europeo de Democratización y Derechos Humanos. Esta cantidad de recursos constituyen un botín valiosísimo que las instituciones europeas ponen al servicio de un régimen que paga el favor con decenas de asesinatos en Melilla.

Ante esta situación, desde la sociedad civil organizada debemos abordar la tarea de generar un consenso político y social que debilite esa base material que viabiliza la ocupación marroquí. Para ello, tal y como propone el Centro Vasco de Empresas y Derechos Humanos, es necesaria la inspección, evaluación, rendición de cuentas, control y regulación de la actividad de las empresas de capital europeo, español y vasco, así como la reivindicación constante del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui.

Y, como dijo el Quijote más saharaui, confiar en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades.