Pese a la intensificación de las presiones políticas, diplomáticas y mediáticas a lo largo de 2025, el estatus jurídico del Sáhara Occidental no ha experimentado alteración alguna. El derecho internacional, las resoluciones de Naciones Unidas y la jurisprudencia europea continúan situando el territorio en el mismo punto de partida: una cuestión de descolonización pendiente, no resuelta y jurídicamente delimitada.

Si algo ha quedado claro en 2025 es que, pese a la acumulación de apoyos políticos a Marruecos y a la proliferación de declaraciones conjuntas, el marco jurídico del Sáhara Occidental permanece intacto. Ninguna iniciativa bilateral ni ningún gesto diplomático ha logrado modificar la naturaleza del territorio tal y como la define Naciones Unidas: un territorio no autónomo pendiente de descolonización, cuyo estatus final solo puede determinarse mediante el ejercicio del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui.

Durante este año se ha consolidado una estrategia marroquí centrada en presentar como avances políticos lo que en realidad no son sino continuidades administrativas. La renovación del mandato de la MINURSO, la reiteración de fórmulas deliberadamente ambiguas en el Consejo de Seguridad y el uso interesado del lenguaje diplomático han sido utilizados para construir una narrativa de normalización que no se sostiene desde el punto de vista jurídico. Nada esencial ha cambiado, aunque se haya intentado transmitir lo contrario.

La resolución 2797 del Consejo de Seguridad vuelve a ilustrar con claridad esta batalla por el sentido de las palabras. Marruecos ha tratado de imponer una lectura interesada del texto, presentándolo como un respaldo implícito a su plan de autonomía. Sin embargo, la resolución no introduce cambios sustanciales, no reconoce soberanía marroquí alguna sobre el territorio y no altera el principio fundamental que rige la cuestión saharaui: el derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación. Ese sigue siendo el límite jurídico infranqueable.

Frente a esta estrategia de desgaste y confusión, el Frente Polisario ha mantenido en 2025 una posición de firmeza política y coherencia jurídica. Sus intervenciones ante Naciones Unidas han insistido de manera constante en recordar que no existe solución posible al margen del ejercicio libre y genuino del derecho de autodeterminación. La respuesta saharaui ha sido sostenida, documentada y anclada en el marco legal internacional, frente a los intentos reiterados de vaciarlo de contenido.

El año ha estado marcado también por una creciente instrumentalización de foros internacionales, culturales y deportivos por parte de Marruecos. Eventos de gran visibilidad han sido utilizados como herramientas de proyección exterior para construir una imagen de normalidad y estabilidad que contrasta de forma evidente con la realidad sobre el terreno. En los territorios ocupados continúan la represión, las detenciones arbitrarias, la persecución de activistas y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

En paralelo, la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental ocupado ha seguido siendo uno de los grandes silencios de la comunidad internacional. La ausencia de un mandato específico de supervisión de derechos humanos para la MINURSO sigue siendo una anomalía grave dentro del sistema de Naciones Unidas, mantenida año tras año gracias al apoyo explícito o tácito de Estados influyentes. Este vacío no es neutro: contribuye a la impunidad y a la prolongación del sufrimiento de la población saharaui.

España ha vuelto a ocupar en 2025 un lugar incómodo en este escenario. Como potencia administradora de iure, su responsabilidad en el proceso de descolonización del Sáhara Occidental sigue vigente, pese a los intentos de diluirla en marcos bilaterales y discursos de realismo político. La distancia entre el derecho internacional y la posición adoptada por el Gobierno español continúa siendo uno de los elementos más problemáticos y reveladores del conflicto.

A nivel europeo, las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea han reafirmado una vez más que el Sáhara Occidental es un territorio distinto y separado de Marruecos. Aunque la Comisión Europea ha tratado de ganar tiempo y margen político, la legalidad europea ha vuelto a dejar claro que ningún acuerdo puede aplicarse al territorio sin el consentimiento del pueblo saharaui. Este recordatorio jurídico contrasta con los intentos políticos de normalizar una situación que carece de base legal.

En este contexto, 2025 no ha sido un año de avances hacia la resolución del conflicto, pero sí un año de clarificación. Ha quedado patente que la acumulación de apoyos políticos no sustituye al derecho, y que las narrativas construidas para dar por cerrado el conflicto chocan una y otra vez con la realidad jurídica.

El Sáhara Occidental sigue siendo una cuestión de descolonización pendiente, no un conflicto congelado ni una disputa regional. Mientras no se respete este principio básico, cualquier intento de imponer soluciones parciales o definitivas seguirá siendo políticamente frágil y jurídicamente inválido.

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