- Las visitas a los presos políticos saharauis están casi prohibidas y solo les permiten comunicaciones telefónicas, a menudo restringidas. Marruecos aprovechó la pandemia para incrementar las represalias contra los reclusos y sus familias.
- Los presos saharauis no tienen un régimen alimenticio e higiénico mínimamente aceptable y se les priva con frecuencia de la asistencia médica necesaria para atender las enfermedades que padecen, en muchos casos consecuencia de las torturas .
- Adeslam Aomar, presidente de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis, dice que España desprecia en el Sáhara Occidental la legalidad internacional que defiende en otras partes del mundo.
Alfonso Lafarga.-
La situación de los presos saharauis en cárceles marroquíes, situadas a más de mil kilómetros de su tierra y de sus familias, es dramática: llevan años casi incomunicados, los contactos telefónicos están restringidos, sufren aislamiento, torturas, malos tratos y apenas reciben asistencia médica.
Lo denuncia la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA), cuyo presidente, Adeslam Aomar, considera que España, al no actuar para que se ponga fin a este drama, incumple sus obligaciones como potencia administradora que, de derecho, del Sáhara Occidental.
AFAPREDESA
Adeslam Aomar, en declaraciones a Contramutis, reprocha al Gobierno de Pedro Sánchez que no se pronuncie sobre lo que ocurre en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, donde se violan continuamente los Derechos Humanos y, en cambio, sí lo hace cuando ocurre en otras partes del mundo: “Está en juego la credibilidad de España como país democrático garante del respeto de la legalidad internacional, la que defiende en muchos lugares y desprecia en el Sáhara Occidental”.
Los presos políticos saharauis –afirma Adeslam Aomar– llevan “demasiados años casi incomunicados” y Marruecos aprovechó la pandemia para incrementar aún más las represalias contra los reclusos y sus familias: “Las visitas están prácticamente prohibidas y solamente hay comunicaciones telefónicas, que a menudo también son restringidas”. Cita el caso de Naama Assfari –30 años de condena-, que no ve a su mujer desde hace seis años, o el de Mohamed Tahlil -20 años de pena-, que lleva diez sin poder recibir la visita de su madre.
Hay palabras que resumen la vida del cerca de medio centenar de presos políticos saharauis, como “terrible”, “abominable” o “siniestros lugares”: “No tienen un régimen alimenticio e higiénico mínimamente aceptable y se les priva, con frecuencia, de la asistencia médica necesaria para atender las enfermedades que padecen, en muchos casos consecuencia de las torturas padecidas”.
Muertes en cárceles marroquíes
La “crueldad” existente en las cárceles marroquíes, “donde se vulneran constantemente los Derechos Humanos”, atenta contra la dignidad de los presos e, incluso, contra la vida, según el responsable de AFAPREDESA. Afirma que “desde 2013, solo en la cárcel de Ait Melloul, la peor de Marruecos, han muerto doce presos comunes saharauis debido a malos tratos o negligencias médicas”.
Los fallecimientos atribuidos a falta de atención sanitaria también se han dado entre los reclusos políticos saharauis: en 2014 murió Hassana Elouali y en 2014 Brahim Saika. Tanto en el caso de los presos comunes como en el de los políticos, “los responsables nunca han sido juzgados”.
A esta situación se añade que los presos saharauis están en territorio marroquí, a más de mil kilómetros de sus familias, lo que supone “una flagrante violación de los Convenios de Ginebra que prohíben de manera explícita la detención y juicio de civiles fuera del territorio en una situación de ocupación, como es el caso del Sáhara Occidental”.
Además, a menudo los presos políticos saharauis son presentados como traidores y enemigos a la patria y los presos comunes marroquíes son utilizados para atacar, insultar y amenazar a los saharauis.
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La violación de los Derechos Humanos en la excolonia española, especialmente con los presos políticos saharauis, queda reflejada en la siguiente relación, aproximada, correspondiente a octubre de 2022, elaborada con datos de organizaciones no gubernamentales y medios de información saharauis y españoles:
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