El caso del Sáhara Occidental plantea una pregunta incómoda que rara vez aparece en los debates políticos: ¿qué ocurre cuando una parte importante de la población original de un territorio es desplazada mientras se favorece durante décadas el asentamiento de nuevos habitantes llegados desde fuera?

Cuando se habla del Sáhara Occidental, la atención suele centrarse en la diplomacia, las resoluciones de Naciones Unidas o las negociaciones políticas. Sin embargo, existe otra realidad menos conocida que ayuda a comprender la evolución del conflicto durante los últimos cincuenta años: la transformación demográfica del territorio.

Según el censo realizado por España en 1974, la población saharaui del territorio era de 73.497 habitantes. Dos años después, tras la invasión marroquí y mauritana y los bombardeos contra la población civil, decenas de miles de saharauis huyeron hacia el exilio y acabaron refugiándose en la zona de Tinduf, donde muchos de ellos y sus descendientes continúan viviendo hoy.

Mientras tanto, Marruecos impulsó durante décadas diversas políticas destinadas a favorecer el asentamiento de población procedente del norte del país en las ciudades del Sáhara Occidental ocupado. Incentivos económicos, empleo público, ventajas fiscales e inversiones estatales contribuyeron a modificar progresivamente la composición demográfica del territorio.

El resultado es que el último censo marroquí sitúa la población residente en el territorio ocupado en torno a las 600.000 personas. La cifra contrasta de forma evidente con la realidad demográfica existente antes de 1975 y plantea interrogantes que van mucho más allá de las estadísticas.

Precisamente esta cuestión es abordada por el jurista José Revert Calabuig en un estudio incluido en el Informe 2026 de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), donde analiza el desplazamiento forzado de la población saharaui y el traslado de colonos al Sáhara Occidental desde la perspectiva del derecho internacional.

La cuestión de fondo es sencilla de formular, aunque mucho más compleja de responder: ¿puede una potencia ocupante alterar durante décadas la composición demográfica de un territorio pendiente de descolonización y utilizar después esa nueva realidad como argumento político?

El derecho internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial intentó precisamente evitar que la ocupación militar y el paso del tiempo acabaran convirtiéndose en fuentes de legitimidad. Por esa razón, Naciones Unidas continúa considerando al Sáhara Occidental un territorio no autónomo pendiente de descolonización y sigue reconociendo el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación.

Más allá de las posiciones políticas de cada cual, el debate existe y resulta difícil ignorarlo. Porque detrás de las cifras aparecen preguntas que siguen abiertas medio siglo después: qué ocurrió con quienes fueron expulsados de su tierra, qué consecuencias tiene el exilio prolongado de varias generaciones y hasta qué punto una transformación demográfica puede alterar la naturaleza jurídica de un territorio.

Son preguntas incómodas. Pero también preguntas necesarias para comprender una de las dimensiones menos conocidas del conflicto del Sáhara Occidental.