En teoría, el conflicto del Sáhara Occidental debería haber encontrado una salida hace décadas. Naciones Unidas lo considera desde hace años un proceso de descolonización pendiente y el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación forma parte del marco jurídico internacional. Sin embargo, en 2026 la situación sigue prácticamente bloqueada y el conflicto continúa desarrollándose tanto en el plano político como sobre el terreno.
Las últimas semanas han vuelto a recordarlo. La situación en Smara tras los proyectiles registrados en la ciudad saharaui, las nuevas huelgas de hambre de presos políticos saharauis en cárceles marroquíes o el debate creciente sobre el papel de las grandes potencias muestran que el problema está lejos de haber desaparecido. Lo que ocurre es otra cosa: el conflicto sigue existiendo, pero muchas veces queda fuera del foco.
Una de las claves principales del bloqueo es precisamente esa combinación entre tiempo, desgaste y silencio internacional. A diferencia de otros conflictos que ocupan espacio permanente en la agenda global, el Sáhara Occidental ha terminado atrapado en una especie de limbo diplomático donde las declaraciones se repiten, pero las decisiones nunca llegan.
Mientras tanto, la realidad sobre el terreno continúa evolucionando. Desde la ruptura del alto el fuego en noviembre de 2020, el Ejército de Liberación Popular Saharaui mantiene operaciones militares de baja intensidad en distintas zonas del territorio. Aunque la cobertura internacional apenas refleje estos episodios, el conflicto ya no responde al escenario de “alto el fuego estable” que durante años se intentó proyectar.
Al mismo tiempo, Marruecos ha reforzado su control político, económico y militar sobre buena parte del territorio ocupado, apoyándose en alianzas internacionales cada vez más sólidas y en una estrategia diplomática que busca presentar el conflicto como un asunto prácticamente cerrado. En paralelo, el referéndum de autodeterminación previsto inicialmente por Naciones Unidas permanece completamente bloqueado.
En este contexto, el papel de las grandes potencias resulta decisivo. Estados Unidos y Francia continúan siendo actores fundamentales en el equilibrio regional, mientras otros países europeos mantienen posiciones ambiguas que, en la práctica, terminan favoreciendo la continuidad de la situación actual. La estabilidad, los intereses estratégicos y los recursos naturales pesan hoy más que la presión efectiva para resolver el conflicto conforme al derecho internacional.
A todo ello se suma otra realidad menos visible: la dimensión humana del conflicto. Decenas de miles de saharauis siguen viviendo desde hace casi medio siglo en campamentos de refugiados en Tinduf, mientras en los territorios ocupados continúan denunciándose detenciones, restricciones políticas y vulneraciones de derechos humanos. Las recientes huelgas de hambre de presos políticos saharauis vuelven a reflejar hasta qué punto el conflicto sigue teniendo consecuencias directas sobre la vida cotidiana de muchas personas.
Pero quizá uno de los elementos más importantes sea el propio desgaste informativo. El Sáhara Occidental ya no ocupa el espacio mediático que tuvo en otros momentos y eso facilita la sensación de que el problema pertenece al pasado o se encuentra congelado. Sin embargo, ni la guerra ha desaparecido completamente, ni el conflicto político ha sido resuelto.
Por eso, en 2026, la pregunta ya no es únicamente por qué el conflicto sigue sin resolverse. La pregunta es también por qué gran parte de la comunidad internacional parece haberse acostumbrado a convivir con esa falta de solución.