La pregunta parece sencilla, pero conduce directamente a una de las consecuencias menos explicadas del abandono español del Sáhara Occidental. España administró el territorio, expidió DNI y otros documentos oficiales a los saharauis y llegó a hablar en sus propias normas de “españoles nativos”. Medio siglo después, muchos de aquellos saharauis y sus descendientes siguen teniendo que demostrar ante España un vínculo que fue el propio Estado español quien creó.

No hace falta empezar por la votación prevista para el 10 de septiembre. La historia comienza mucho antes. En 1958 el régimen franquista decidió convertir administrativamente el Sáhara en provincia y la Ley de 19 de abril de 1961 reguló su organización provincial. El territorio llegó a tener representación en las Cortes, mientras sus habitantes podían disponer de DNI español, estudiar en universidades españolas, acceder a determinados empleos públicos o servir en el Ejército. Una orden de 1966 llegó incluso a referirse expresamente a los “españoles tanto nativos como peninsulares” residentes en el Sáhara.

Por eso la cuestión de la nacionalidad no nace ahora ni puede explicarse como una consecuencia de la actual relación con Marruecos. Hubo saharauis con DNI español, libros de familia, certificados de nacimiento, permisos de conducir, expedientes escolares, documentación laboral y otros papeles expedidos por la administración española. Resulta significativo que muchos de esos mismos documentos aparezcan hoy en el dictamen que tramita el Congreso como medios de prueba para acreditar la condición de saharaui nacido en el territorio.

Ahí empieza el verdadero problema jurídico. Durante décadas, España había documentado a los saharauis, inscrito sus nacimientos y organizado buena parte de su vida administrativa. Tras la retirada, sin embargo, el Estado empezó a sostener que aquella documentación demostraba una vinculación con España, pero no equivalía necesariamente a haber tenido la nacionalidad española plena. Esa contradicción abrió una larga sucesión de expedientes, recursos y sentencias en los que la administración y los tribunales tuvieron que decidir caso por caso qué había sido jurídicamente un saharaui bajo dominio español.

Ese recorrido es importante porque demuestra que la proposición que llega ahora al Congreso no nace de la nada. Durante medio siglo, la situación se ha ido resolviendo de forma fragmentaria: mediante opciones de nacionalidad, solicitudes individuales, requisitos de residencia, recursos administrativos y decisiones judiciales. La nueva ley pretende precisamente sustituir buena parte de ese laberinto por una respuesta general para quienes nacieron en el Sáhara Occidental en aquella etapa y para sus descendientes.

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La ruptura decisiva llegó en 1976. El 26 de febrero España comunicó a Naciones Unidas que daba por terminada definitivamente su presencia en el territorio. Meses después aprobó el Real Decreto 2258/1976, que permitió a determinados naturales del Sáhara optar por la nacionalidad española durante el plazo de un año. El problema era evidente: para entonces la administración española ya había abandonado el territorio y buena parte de la población saharaui había huido de la guerra o se encontraba desplazada. El propio dictamen que hoy tramita el Congreso recuerda que esa situación dificultó gravemente el ejercicio efectivo de aquella opción, circunstancia que después fue reconocida por el Tribunal Supremo.

Ahí se encuentra buena parte de la paradoja que llega hasta nuestros días. España creó una provincia, documentó a sus habitantes, administró sus nacimientos y sus familias y, cuando abandonó el Sáhara Occidental sin completar la descolonización, dejó también sin resolver de forma clara la situación jurídica de miles de personas. Después fueron ellas —y muchas veces sus hijos— quienes tuvieron que demostrar qué relación habían tenido con España.

La proposición que vuelve ahora al Congreso intenta responder a esa anomalía histórica. El dictamen aprobado por la Comisión de Justicia considera que concurren circunstancias excepcionales para conceder la nacionalidad española por carta de naturaleza a los saharauis nacidos en el Sáhara Occidental antes del 29 de septiembre de 1977, aunque no tengan residencia legal en España. Para acreditar esa condición admite, entre otros documentos, antiguos DNI españoles, certificados de nacimiento, libros de familia, documentación expedida por la administración española, certificados de escolarización, permisos de conducir, pensiones o documentación sanitaria.

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El texto contempla además que los descendientes directos en primer grado puedan optar a la nacionalidad cuando alguno de sus progenitores la adquiera mediante este procedimiento, y modifica el Código Civil para reducir a dos años el periodo de residencia exigido a los saharauis que accedan a la nacionalidad por esa vía. La solicitud por carta de naturaleza podrá presentarse durante tres años desde la entrada en vigor de la ley, prorrogables uno más, si finalmente la norma completa su tramitación parlamentaria.

Conviene insistir en algo: todavía hablamos de una proposición de ley, no de una norma en vigor. El texto deberá superar el Pleno del Congreso y continuar después su recorrido parlamentario. Pero su importancia va bastante más allá de la votación concreta. El propio dictamen reconoce la profunda vinculación histórica entre España y el Sáhara Occidental y plantea esta regulación como una forma de armonizar respuestas jurídicas que durante décadas han sido dispersas y desiguales.

Por eso reducir la nacionalidad saharaui a la crisis de Ceuta, a un nuevo problema en las relaciones con Marruecos o simplemente a un examen parlamentario para PSOE o PP sería empezar la historia por el final. La nacionalidad de los saharauis no aparece en 2026 porque España tenga ahora un problema con Marruecos. Aparece porque España dejó en 1975 y 1976 un problema sin resolver con los saharauis.

La pregunta inicial sigue entonces plenamente vigente. ¿Por qué una persona nacida en un territorio administrado por España, documentada por España y sometida durante años a sus instituciones debe pedir hoy que España reconozca de nuevo esa relación? La respuesta está menos en la política de esta semana que en aquel abandono del Sáhara Occidental y en las consecuencias jurídicas que España dejó detrás.

Cincuenta años después, el Congreso no está creando una relación nueva entre España y el pueblo saharaui. Está intentando dar una respuesta a una relación que ya existía y que quedó sin resolver cuando España abandonó el territorio.