La Liga para la Protección de los Presos Saharauis denuncia que Marruecos mantiene a los detenidos lejos de sus familias, sometidos al aislamiento, la negligencia médica y unas condiciones que agravan su condena

Veintisiete nombres. Ocho cárceles. Centenares y, en algunos casos, más de mil kilómetros entre los presos políticos saharauis y sus familias en el Sáhara Occidental.

El mapa difundido por la Liga para la Protección de los Presos Saharauis en las Cárceles Marroquíes (LPPS) no constituye únicamente un censo de detenidos. Muestra gráficamente una política de dispersión penitenciaria que convierte la distancia, el aislamiento y la dificultad para recibir visitas en una prolongación del castigo.

Los presos aparecen distribuidos entre las cárceles de Kénitra, Tiflet 2, Casablanca, Ait Melloul, Safi, Bouzakarne y Tan-Tan, además de la prisión de El Aaiún, en el Sáhara Occidental ocupado. Entre ellos se encuentran varios de los nombres más conocidos de la represión marroquí, como Naâma Asfari, Mohamed Lamin Haddi, Sidi Ahmed Lemjayed, Brahim Ismaili o Bachir Khadda.

Muchos de los integrantes del grupo de Gdeim Izik permanecen encarcelados lejos de su territorio y de sus entornos familiares. La dispersión obliga a sus allegados a afrontar largos y costosos desplazamientos para ejercer un derecho tan básico como la visita. En la práctica, la distancia se convierte en una barrera económica y física que intensifica el aislamiento de los detenidos.

La LPPS denuncia que esta política no responde a una necesidad penitenciaria, sino a una estrategia dirigida a quebrar la resistencia de los presos, aumentar el sufrimiento de sus familias y mantener las cárceles alejadas de la observación internacional. A ello se añaden las reiteradas denuncias sobre tratos degradantes, falta de atención médica, aislamiento prolongado y restricciones en las comunicaciones.

Los nombres detrás del mapa

En la cárcel de Kénitra permanecen recluidos Naâma Asfari, Hassan Dah, Ahmed Sbai, Abdelahi Lekhfawni, Mohamed El Bachir Bounatguiza y El Houssain Ezzaoui.

En Tiflet 2 se encuentran Mohamed Lamin Haddi, Sidi Abdullah Abhah Dah y Bachir Khadda.

En la prisión de El Aaiún está encarcelado El Uali Aaina, mientras que Mohamed Tahlil permanece en una prisión de Casablanca.

En Ait Melloul están recluidos Brahim Ismaili, Mohamed Bani, Sidi Ahmed Lemjayed, Mohamed Bourial y Hematu Lakewairi.

En la prisión de Safi se encuentran Salek Laasairi, El Houssain Amaadour y Khatri Dadda.

En Bouzakarne permanecen Abdallahi Toubali, Mohamed Khouna Babait, Cheikh Banga, Omar Alaiz Zargou, El Bachir Boualba y Brahim Fourtat.

Finalmente, en la prisión de Tan-Tan se encuentran Abdeljalil Laaroussi y Mohamed Mbarek Lefkir.

Enumerarlos importa. Cada nombre impide que la denuncia quede reducida a una cifra o a una formulación abstracta. Detrás de cada preso hay una familia que espera, viajes que no siempre pueden realizarse, enfermedades que no reciben la atención necesaria y años de vida consumidos lejos del Sáhara Occidental.

El alejamiento como castigo añadido

La dispersión penitenciaria tiene consecuencias que van mucho más allá del traslado físico. Dificulta la comunicación con las familias y los abogados, incrementa el coste económico de las visitas y expone a los presos a un mayor aislamiento. También reduce la posibilidad de que organizaciones independientes puedan seguir regularmente sus condiciones de encarcelamiento.

La política de alejamiento resulta especialmente grave en el caso de los presos de Gdeim Izik, convertidos desde hace años en símbolo de la resistencia saharaui y de la utilización del sistema judicial marroquí contra quienes cuestionan la ocupación.

La LPPS reclama a Naciones Unidas, a los mecanismos internacionales contra la tortura y a las organizaciones de derechos humanos que intervengan de manera urgente. Pide el fin de la dispersión, atención médica adecuada, acceso de observadores independientes y garantías para que los presos puedan mantener una comunicación regular con sus familias.

Pero la organización recuerda también que esas medidas no resuelven el fondo del problema. Su exigencia principal sigue siendo la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos saharauis.

El mapa difundido este 10 de julio cuenta, en realidad, dos historias. La primera es la de un sistema penitenciario utilizado para aislar y castigar a quienes defienden los derechos del pueblo saharaui. La segunda es la de 27 personas cuyos nombres siguen siendo recordados fuera de los muros de las cárceles.

Porque dispersarlos puede dificultar las visitas y separar a las familias. Lo que no consigue es borrar sus nombres ni hacer desaparecer la causa por la que continúan encarcelados.

Fuente e imagen: Liga para la Protección de los Presos Saharauis en las Cárceles Marroquíes (LPPS).