Esa misma semana se celebraba en Madrid la Reunión de Alto Nivel (RAN) entre los Gobiernos de España y Marruecos, el jueves 4 de diciembre. La cumbre se manejó con sigilo desde Moncloa. No hubo briefing informativo con periodistas previo a la misma, como suele pasar ante este tipo de hitos. Tampoco comparecencia posterior ante medios de comunicación, evitando la posibilidad de las preguntas de la prensa. La comunicación oficial tras el encuentro se limitó a la difusión de la declaración conjunta entre ambos Ejecutivos. Un documento de 23 páginas en el que se desglosan los acuerdos adoptados entre las dos partes en 119 puntos.

La relación con el régimen de Mohamed VI es prioritaria para el Gobierno de Pedro Sánchez, y este trato se fundamenta en un pilar básico: la cuestión del Sáhara Occidental. El régimen alauí anhela anexionarse el territorio saharaui desde hace décadas y en los últimos años ha puesto el acelerador y ha logrados éxitos que acercan este deseo a la realidad, pese a que el Derecho Internacional reconoce que la población saharaui ha de ejercer su derecho a la autodeterminación para decidir su futuro político, ora integrado en el reino marroquí, ora como un país independiente, y culminar así un proceso de descolonización inconcluso que convierte al Sáhara en la última colonia de África.

La aparente buena relación actual hispanomarroquí es así solo porque el Gobierno español asumió las pretensiones de Mohamed VI con respecto al Sáhara. Sánchez reconoció en una carta al monarca marroquí en marzo de 2022 que España apostaba por la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara como la forma de solventar el conflicto y desde entonces las tensiones entre ambos países se han rebajado o, al menos, se mantienen sottovoce. Ambos Estados celebrarán un mundial de fútbol masculino conjuntamente y con Portugal en 2030.

(…)