La última Reunión de Alto Nivel entre España y Marruecos no solo dejó acuerdos y fotos oficiales: también hizo visible la división más profunda dentro del Gobierno. Mientras la parte socialista del Ejecutivo celebraba avances en su alineamiento con Rabat, Yolanda Díaz se desmarcó con un mensaje contundente: el Sáhara Occidental no se negocia y la autodeterminación es la única vía legítima. La vicepresidenta segunda respondió así a una política exterior que, a su juicio, se aparta del derecho internacional y de la voluntad reiterada del Parlamento español.

Tras la cumbre hispano-marroquí celebrada en Madrid, Yolanda Díaz tomó la palabra para marcar una posición inequívoca. La vicepresidenta segunda afirmó públicamente que “no se va a ceder ni un centímetro de tierra saharaui”, reafirmando su apoyo firme al Sáhara libre y distanciándose del rumbo que el PSOE ha decidido tomar en su relación con Marruecos. Lejos de suavizar el gesto, lo acompañó con una aclaración explícita: existe una “discrepancia manifiesta” dentro del Gobierno sobre la cuestión saharaui.

Díaz recordó que su defensa de la autodeterminación no es nueva ni caprichosa. Para Sumar, dijo, la clave del conflicto sigue siendo el derecho del pueblo saharaui a decidir su futuro, un principio que España está obligada a respetar por razones jurídicas, históricas y políticas. Y subrayó algo que suele olvidarse cuando se invoca la “posición del Estado”: el Congreso ha respaldado repetidamente la autodeterminación, quedando el PSOE en minoría en la mayoría de esas votaciones. Es decir, la postura socialista no es la posición mayoritaria del Parlamento.

La división se hizo aún más evidente durante la RAN: ningún ministro de Sumar acudió a la cumbre con Marruecos, un gesto que visualiza el desacuerdo con la lectura que Moncloa hace de la resolución 2797 del Consejo de Seguridad y con la aproximación del Gobierno al plan de autonomía de Rabat. Para Díaz, insistir en ese marco supone ignorar el estatus jurídico del territorio, normalizar una ocupación ilegal y vaciar de contenido el derecho internacional.

En sus intervenciones posteriores, la vicepresidenta continuó marcando perfil. Señaló que ni ella ni su espacio político aceptarán una política exterior que legitime una cesión que España no tiene derecho a realizar, porque el Sáhara Occidental no es un territorio español sobre el que pueda disponer, sino un proceso de descolonización inacabado. La defensa de los derechos humanos y del marco jurídico internacional, afirmó, no es negociable.

Con estas declaraciones, Yolanda Díaz ha puesto en primer plano una realidad que la cumbre quiso ocultar bajo sonrisas diplomáticas: el Gobierno está dividido en la cuestión saharaui. Una parte del Ejecutivo avanza hacia la narrativa marroquí; la otra, encabezada por la vicepresidenta segunda, reivindica la legalidad internacional, la coherencia democrática y el compromiso histórico con el pueblo saharaui.

La fractura está ya a la vista. Y, como siempre, el Sáhara Occidental vuelve a ser el espejo donde se reflejan las contradicciones políticas de España.