La prensa española vuelve a reproducir, casi sin filtros, el marco narrativo del lobby marroquí: Marruecos “ofrecería” a España una supuesta garantía de no tocar Canarias a cambio de que Madrid acepte como hechos consumados sus ambiciones sobre el Sáhara Occidental y su fachada atlántica. El planteamiento, difundido a través de Atalayar y amplificado acríticamente por El Periódico, se basa en una premisa falsa: que la ONU habría “respaldado” el plan de autonomía marroquí. En realidad, la Resolución 2797 (2025) no reconoce soberanía alguna de Marruecos sobre el territorio, mantiene el marco de descolonización pendiente y preserva el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Todo lo demás es propaganda de Rabat.

A partir de ese relato manipulado, Marruecos intenta presentar como natural que pueda delimitar espacios marítimos que afectan al Sáhara Occidental —territorio no autónomo y ocupado ilegalmente— y extender esa lógica hasta las Canarias. El discurso que propone Rabat es visible: si España acepta que Marruecos fije unilateralmente la mediana atlántica, controle el espacio aéreo del Sáhara —actualmente gestionado desde Gran Canaria— y consolide su apropiación de recursos saharauis, entonces el régimen alauí garantizaría que “no habrá problemas con Canarias”. El mensaje implícito es inquietante: convertir la seguridad del Archipiélago en una moneda de cambio para blanquear la ocupación.

Uno de los puntos más graves es el intento de Marruecos de legitimar su control sobre el Monte Tropic, un monte submarino al suroeste de El Hierro que alberga uno de los mayores depósitos conocidos de telurio, cobalto y tierras raras. Rabat intenta justificarlo manipulando el estatus del Sáhara Occidental, mezclando la fachada atlántica marroquí con aguas que corresponden al territorio ocupado. De ahí la propuesta de una “Zona de Desarrollo Conjunto” que, bajo apariencia técnica y cooperativa, busca en realidad consolidar un reparto de beneficios sobre recursos que no pertenecen ni a Marruecos ni a España, sino al pueblo saharaui conforme a las sentencias del TJUE y al derecho internacional.

El artículo reproducido también plantea la necesidad de coordinar con Marruecos la gestión del espacio aéreo sobre el Sáhara Occidental. Esta competencia no es una concesión española, sino una consecuencia directa del estatus jurídico del territorio y de la inexistente soberanía marroquí sobre él. Un traspaso de esa gestión sería un acto político, no técnico, y supondría legitimar al ocupante. Marruecos lo sabe y por eso lo viste como “transición ordenada”, buscando convertir en normal lo que no es más que otra vulneración del derecho internacional.

El texto añade que Canarias y Marruecos comparten ecosistemas y bancos pesqueros, insinuando que ambas partes deberían aceptar una delimitación “equitativa”. Pero la equidad jurídica solo puede existir cuando se parte de dos soberanías reconocidas. Aquí no ocurre: Marruecos no es soberano ni administrativo del Sáhara Occidental, y España sigue siendo la potencia administradora de iure. Pretender redefinir la frontera marítima ignorando ese dato solo sirve para reforzar la ocupación e invisibilizar al sujeto central del conflicto: el pueblo saharaui.

La insistencia marroquí en presentarse como “potencia atlántica africana” va acompañada de un intento de arrastrar a España a un nuevo marco donde la prioridad sería crear un “espacio de confianza” capaz de atraer inversiones. Pero ese espacio de confianza se construye sobre una base falsa: aceptar la apropiación de recursos saharauis, asumir una delimitación marítima hecha a medida de los intereses de Rabat y relegar el derecho internacional a un trámite incómodo. La arquitectura jurídica que Marruecos intenta imponer no solo es ilegal, sino que introduce un elemento inaceptable: convertir la estabilidad de Canarias en rehén de la aceptación española del expolio en el Sáhara Occidental.

Este tipo de planteamientos no son nuevos, pero se vuelven más agresivos cada vez que Rabat percibe debilidad, ambigüedad o complacencia en Madrid. La realidad, sin embargo, sigue siendo la misma: no hay delimitación marítima posible, ni Zonas de Desarrollo Conjunto, ni transferencia de espacio aéreo, ni reparto de recursos estratégicos que pueda construirse sin reconocer antes que el Sáhara Occidental es un territorio pendiente de descolonizar y que el único titular de sus recursos es su pueblo, representado por el Frente Polisario. Cualquier intento de usar a Canarias como elemento de presión política solo demuestra hasta qué punto Marruecos necesita legitimar una ocupación que ni el derecho internacional ni los tribunales europeos ni la propia ONU han validado jamás.

PLATAFORMA «NO TE OLVIDES DEL SAHARA OCCIDENTAL»