La República Saharaui forma parte de la Unión Africana como Estado miembro de pleno derecho desde antes del regreso de Marruecos a la organización continental. Su presencia no es una concesión política ni depende del reconocimiento marroquí, sino de una condición institucional que sigue plenamente vigente.
Carlos C. García – Plataforma NO TE OLVIDES DEL SÁHARA OCCIDENTAL
La presencia del presidente saharaui, Brahim Ghali, en las cumbres de la Unión Africana suele provocar una imagen que Marruecos preferiría evitar: la bandera de la República Árabe Saharaui Democrática aparece junto a las de los demás Estados miembros y su delegación participa en las reuniones continentales con los mismos derechos institucionales que el resto. No se trata de una invitación ocasional ni de una concesión política hacia el pueblo saharaui, sino de la consecuencia de una realidad que a menudo se pierde entre titulares diplomáticos: la RASD es miembro de pleno derecho de la Unión Africana.
La República Saharaui fue admitida en 1982 en la entonces Organización para la Unidad Africana. Marruecos rechazó aquella decisión y abandonó la organización dos años después, pero la RASD permaneció dentro y pasó posteriormente a formar parte de la Unión Africana cuando esta sustituyó a la OUA. Esa continuidad resulta especialmente significativa porque, cuando Marruecos decidió regresar a la organización continental en 2017 después de más de tres décadas de ausencia, lo hizo entrando en una Unión Africana de la que la República Saharaui ya formaba parte. Esa presencia africana sigue teniendo hoy una dimensión política que va mucho más allá del reconocimiento diplomático, como analizábamos al abordar el papel del Sáhara Occidental en la paz y la seguridad del continente.
Desde entonces, Rabat ha desarrollado una intensa campaña diplomática para reducir el reconocimiento internacional de la RASD y modificar la correlación de fuerzas dentro de África. Ha logrado que algunos gobiernos cambien sus posiciones, ha impulsado declaraciones favorables a su propuesta de autonomía y ha intentado presentar la presencia saharaui en determinadas reuniones como una anomalía que debería desaparecer. Sin embargo, una cosa es conseguir apoyos políticos y otra muy distinta disponer de un procedimiento jurídico que permita expulsar a un Estado miembro.
El Acta Constitutiva de la Unión Africana no establece actualmente un mecanismo mediante el cual un Estado pueda ser expulsado de la organización porque otro cuestione su legitimidad. Sí contempla la suspensión de gobiernos llegados al poder mediante cambios inconstitucionales y regula también la posibilidad de que un Estado abandone voluntariamente la Unión. Pero la pertenencia de la RASD no puede desaparecer mediante una decisión unilateral de Marruecos ni por el simple hecho de que Rabat consiga que un determinado número de países apoyen sus tesis sobre el Sáhara Occidental.
Eso no significa que las reglas de la Unión Africana sean inmutables. El Acta Constitutiva puede ser reformada, pero para hacerlo existen procedimientos y mayorías cualificadas que obligarían a Marruecos a obtener un respaldo continental muy superior al necesario para aprobar una declaración política o conseguir que algunos gobiernos retiren o congelen sus relaciones con la República Saharaui. Precisamente por eso buena parte de la batalla marroquí en África se libra en el terreno diplomático: se intenta modificar progresivamente el equilibrio político con la esperanza de que, algún día, esa nueva correlación permita alterar también el marco institucional.
Hay además una circunstancia que suele olvidarse cuando se presenta el regreso marroquí a la Unión Africana como una victoria sobre la RASD. Marruecos decidió volver sin haber conseguido previamente la salida de la República Saharaui. Aceptó integrarse en una organización en la que ambos Estados ocupan un asiento y en la que la cuestión del Sáhara Occidental continúa vinculada al principio de autodeterminación que figura entre los fundamentos de la propia organización continental.
Por eso las fotografías de las cumbres africanas tienen una dimensión política que va más allá del protocolo. Cada vez que una delegación saharaui participa en una reunión de jefes de Estado, Marruecos se encuentra ante la misma contradicción: puede defender ante otros gobiernos que el Sáhara Occidental forma parte de su territorio y puede sumar apoyos a su propuesta política, pero dentro de la principal organización continental debe convivir institucionalmente con la República que representa al pueblo saharaui.
La ofensiva diplomática marroquí en África es real y no debería ser infravalorada. También lo son los cambios de posición registrados en distintos países durante los últimos años. Pero convertir esos movimientos en la supuesta desaparición de la RASD de la Unión Africana significa confundir deliberadamente influencia política con realidad jurídica e institucional.
La República Saharaui sigue formando parte de la Unión Africana porque su condición de miembro no depende de que Marruecos la reconozca. Rabat puede combatirla diplomáticamente, tratar de aislarla o trabajar para cambiar algún día las reglas de la organización, pero mientras esas reglas no cambien la bandera saharaui seguirá ocupando el lugar que corresponde a uno de los Estados miembros de la Unión Africana.