Hoy, 30 de abril de 2026, las entrevistas concedidas por el primer ministro de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Bucharaya Hamudi Beyun, en el marco del FiSahara 2026 permiten trazar una lectura clara del momento político del conflicto del Sáhara Occidental.
Desde los campamentos de refugiados de Ausserd, y en un contexto marcado por el debate en España sobre la nacionalidad saharaui, la actividad diplomática internacional y la revisión del papel de la ONU, el dirigente saharaui ha insistido en una idea central: el conflicto sigue siendo un proceso de descolonización pendiente.
Lejos de los enfoques que reducen la cuestión a debates administrativos o migratorios, el mensaje que emerge es político, jurídico y estructural.
España: no es la nacionalidad, es la descolonización
Una de las claves más relevantes de sus declaraciones es la posición del Frente Polisario respecto al debate abierto en España. Hamudi ha sido claro: no se reclama la nacionalidad española para los saharauis. “En absoluto”, ha afirmado, subrayando que lo que se exige es que España asuma su responsabilidad de concluir el proceso de descolonización que dejó inconcluso.
Este planteamiento desplaza el centro del debate hacia su base legal: la condición de España como potencia administradora de iure del territorio. Al mismo tiempo, introduce un matiz importante: los saharauis, como individuos, pueden ejercer sus derechos en España, pero eso no sustituye la responsabilidad histórica y jurídica del Estado.
La contradicción política en España
En paralelo, las entrevistas recogen una crítica directa a la posición adoptada por el Gobierno español en los últimos años. Hamudi señala que ese giro no se entiende “ni en el Parlamento, ni en las fuerzas políticas, ni en la opinión pública”, apuntando a una contradicción entre la defensa del derecho internacional en otros conflictos y el apoyo al plan marroquí para el Sáhara Occidental.
Más allá del diagnóstico político, su lectura introduce un elemento de fondo: la idea de que esta posición responde a presiones externas. Sin entrar en detalles, el mensaje es claro: la política española sobre el Sáhara no se explicaría por consenso interno, sino por factores que van más allá del debate democrático.
ONU, guerra y bloqueo del proceso
En el plano internacional, el foco se sitúa en Naciones Unidas y en el bloqueo del proceso iniciado en 1991. Hamudi recuerda que el alto el fuego acordado entonces estaba vinculado a la celebración de un referéndum de autodeterminación que nunca se produjo.
Según su análisis, el Consejo de Seguridad no ha actuado para hacer cumplir ese compromiso, mientras Marruecos ha aprovechado ese periodo para consolidar la ocupación. En este contexto, la misión de la ONU en el territorio, la MINURSO, aparece como un instrumento incapaz de avanzar hacia la solución prevista.
Esta lectura conecta directamente con la situación actual: desde 2020, el conflicto ha entrado en una nueva fase, con hostilidades de baja intensidad y el uso de tecnología militar avanzada, incluidos drones. A pesar de ello, la comunidad internacional continúa centrando su discurso en el fin de la violencia sin abordar las causas que la originan.
“Todo el mundo reclama el fin de las hostilidades, pero nadie busca la solución al conflicto”, resume el dirigente saharaui.
La posición del Polisario: decidir libremente
Otro de los elementos que atraviesa sus declaraciones es la reafirmación de una posición constante del Frente Polisario: aceptar cualquier solución que elija libremente el pueblo saharaui. Esto incluye, explícitamente, la posibilidad de la autonomía, siempre que sea el resultado de un proceso de autodeterminación real.
Esta afirmación introduce un matiz importante en el debate internacional, al situar el problema no en las opciones disponibles, sino en la ausencia de un mecanismo que permita elegir entre ellas.
Las entrevistas concedidas en el marco del FiSahara 2026 no aportan tanto novedades como una síntesis coherente de la posición saharaui en un momento de intensa actividad política y diplomática. Frente a los movimientos que se producen en distintos escenarios —España, Naciones Unidas o el ámbito internacional—, el mensaje es constante.
El conflicto puede moverse, pero sigue sin resolverse mientras no se aborde su base jurídica: el derecho del pueblo saharaui a decidir su futuro.