Las denuncias sobre civiles, represión y derechos humanos reaparecen poco a poco en torno al Sáhara Occidental mientras aumenta el debate político y diplomático sobre el conflicto

Durante años, buena parte de la conversación internacional sobre el Sáhara Occidental giró casi exclusivamente alrededor de las negociaciones diplomáticas, las resoluciones de Naciones Unidas o las tensiones entre Marruecos y el Frente Polisario. Sin embargo, en las últimas semanas empieza a reaparecer otro elemento mucho más incómodo alrededor del conflicto: la situación de los civiles saharauis y el impacto humano de una guerra que sigue activa desde noviembre de 2020.

Las recientes denuncias sobre minas, ataques con drones, presos políticos y desapariciones vuelven poco a poco a situar los derechos humanos en el centro del debate saharaui. No se trata todavía de un gran tema mediático internacional, pero sí de una acumulación creciente de episodios y denuncias que empiezan a romper parcialmente el silencio que durante años rodeó muchas de estas cuestiones.

La muerte reciente de dos civiles saharauis —entre ellos una niña de cuatro años— por la explosión de una mina cerca de Zag volvió a reabrir el debate sobre las consecuencias humanitarias del conflicto y sobre el diferente tratamiento político y mediático que reciben determinadas víctimas civiles en comparación con otros episodios recientes relacionados con Smara.

Al mismo tiempo, organizaciones saharauis de derechos humanos continúan alertando sobre la situación de los presos políticos saharauis encarcelados en Marruecos. Uno de los casos que más preocupación vuelve a generar es el de Sidi Abdallah Abahah, miembro del grupo de Gdeim Izik, que según la Liga para la Protección de los Presos Saharauis lleva ocho años sometido a aislamiento y hostigamiento en la prisión marroquí de Tiflet 2.

La organización denuncia graves problemas médicos, aislamiento prolongado, restricciones de derechos básicos, amenazas y discriminación racial, además de la falta de respuesta de las autoridades penitenciarias marroquíes a las denuncias presentadas durante años por la familia del preso saharaui. El caso vuelve además a poner el foco sobre la situación de los presos de Gdeim Izik, considerados por numerosas organizaciones internacionales como uno de los símbolos más conocidos de la represión saharaui tras el desmantelamiento del campamento en 2010.

En paralelo, el debate político empieza también a desplazarse hacia esta dimensión humana del conflicto. La reciente iniciativa registrada por Izquierda Unida preguntando al Gobierno español cuántas veces ha condenado ataques marroquíes contra civiles saharauis o el uso de drones militares vuelve a introducir en el debate público cuestiones que durante mucho tiempo apenas aparecieron fuera de círculos activistas o especializados.

Todo ello ocurre además en un contexto diplomático especialmente sensible, marcado por la carta enviada por Brahim Ghali a Naciones Unidas denunciando el silencio internacional ante las víctimas civiles saharauis y acusando a varios gobiernos occidentales de mantener un doble rasero alrededor del conflicto.

Quizá el cambio más significativo no sea todavía la aparición masiva de estos temas en los grandes titulares internacionales, sino algo más gradual: que cada vez resulta más difícil hablar del Sáhara Occidental ignorando completamente a los civiles, los presos, las minas o las consecuencias humanas de un conflicto que sigue lejos de resolverse medio siglo después.