En los últimos días, varios medios han presentado el papel de Estados Unidos en el Sáhara Occidental como una “mediación” destinada a reactivar el diálogo entre las partes. Se habla de nuevas rondas de negociación, de contactos diplomáticos y de una supuesta oportunidad para desbloquear un conflicto que lleva décadas sin resolverse.

Sin embargo, esta lectura simplifica —y en buena medida distorsiona— lo que realmente está ocurriendo. Porque cuando se analizan los hechos, lo que emerge no es una mediación neutral, sino una implicación directa orientada a condicionar el resultado del proceso.

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Estados Unidos no solo impulsa las reuniones, sino que fija el marco en el que deben desarrollarse. Y ese marco tiene un elemento central: la propuesta de autonomía marroquí como base de la solución. No se trata de una opción entre otras, sino del punto de partida sobre el que se pretende construir cualquier acuerdo, lo que altera desde el inicio el equilibrio del proceso.

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En este sentido, el exembajador argelino Abdelaziz Rahabi ha descrito con claridad esta dinámica al señalar que el objetivo de la actual implicación estadounidense es “transferir la soberanía del pueblo saharaui hacia la de su ocupante”, en un contexto marcado por la urgencia política y desconectado de los marcos previos de negociación impulsados por Naciones Unidas.

A ello se suma la presión diplomática sobre Argelia, considerada un actor clave para forzar avances en el proceso, así como una movilización diplomática más amplia en apoyo del plan marroquí de autonomía que responde menos a su credibilidad jurídica que al efecto de arrastre generado por decisiones políticas previas, en particular el reconocimiento estadounidense de 2020.

En paralelo, el papel de Naciones Unidas aparece progresivamente diluido. Lejos de reforzar su función como garante del proceso de autodeterminación, la dinámica actual apunta a una reducción de su margen de actuación, en un contexto en el que la propia MINURSO es objeto de revisión sin que se aborde el núcleo de su mandato original.

El resultado es un desplazamiento del conflicto: de un proceso de descolonización basado en el derecho internacional hacia un escenario geopolítico en el que priman los equilibrios estratégicos y las alianzas regionales.

El problema de fondo, sin embargo, no ha cambiado. El Sáhara Occidental continúa siendo un territorio pendiente de descolonización, y el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui sigue reconocido por la comunidad internacional. Sustituir ese principio por una solución predefinida no resuelve el conflicto: lo redefine en términos que difícilmente pueden considerarse equilibrados.

Cuando una de las partes define las condiciones, los tiempos y el resultado aceptable, no estamos ante una mediación. Estamos ante un intento de imponer un marco.