La situación de los presos políticos saharauis en cárceles marroquíes sigue marcada en 2026 por un patrón persistente de vulneraciones de derechos que combina detenciones arbitrarias, negligencia médica y el recurso creciente a huelgas de hambre como forma de protesta. Lejos de tratarse de casos aislados, las informaciones que se suceden en las últimas semanas apuntan a una dinámica estructural que forma parte del propio escenario del conflicto en el Sáhara Occidental.
Desde hace años, organizaciones saharauis de derechos humanos vienen denunciando un sistema penitenciario en el que los presos políticos son dispersados en distintas cárceles del territorio marroquí, alejados de sus familias y sometidos a condiciones de aislamiento y presión constante. A ello se suman procesos judiciales cuestionados por su falta de garantías, en los que la dimensión política de los casos resulta difícil de obviar.
En este contexto, la cuestión sanitaria se ha convertido en uno de los elementos más preocupantes. La negativa a proporcionar tratamientos médicos adecuados o a seguir las indicaciones de los propios servicios médicos penitenciarios ha sido denunciada de forma reiterada. El caso del preso civil saharaui Brahim Dadi Ismaili, al que se le habrían negado medios básicos prescritos para evitar complicaciones físicas, se inscribe en una práctica más amplia que distintas organizaciones califican de negligencia médica deliberada.
Frente a esta situación, las huelgas de hambre continúan siendo uno de los pocos instrumentos de presión al alcance de los presos. En las últimas semanas, varios casos han vuelto a poner de relieve esta realidad. Naama Asfari, miembro del grupo de Gdeim Izik, ha anunciado el inicio de una nueva huelga de hambre que podría convertirse en indefinida si no se atienden sus demandas, centradas en el reconocimiento de su situación jurídica y en el cumplimiento de las resoluciones internacionales.
En esa misma línea, otros presos saharauis como Abdallahi Toubali y Mohamed Khuna Babit han recurrido también a este tipo de protestas para denunciar años de detención arbitraria y exigir la aplicación de las decisiones de Naciones Unidas que instan a su liberación. Estas acciones, con un alto coste personal y físico, reflejan hasta qué punto las vías institucionales se perciben como bloqueadas.
👉 Véase: OBSERVADOR | Breve: denuncian negligencia médica y nuevas huelgas de hambre entre presos saharauis
El grupo de Gdeim Izik ocupa un lugar central en esta problemática. Considerado por muchos como un símbolo de la resistencia saharaui, su caso ha sido objeto de atención por parte de mecanismos internacionales. En particular, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria ha emitido opiniones en las que califica de ilegal la detención de varios de sus miembros y reclama su liberación.
Sin embargo, estas resoluciones siguen sin aplicarse. Este hecho introduce un elemento clave en la lectura de la situación: la distancia entre el marco jurídico internacional y la realidad sobre el terreno. Las recomendaciones de Naciones Unidas no han tenido, hasta el momento, un impacto efectivo en la situación de los presos, lo que refuerza la percepción de impunidad y bloqueo.
👉 Véase: OBSERVADOR | Breve: denuncian el secuestro y abandono de un ex preso saharaui
En paralelo, las denuncias de organizaciones saharauis insisten en que las vulneraciones no se limitan al interior de las cárceles. Casos como el del ex preso Abdelmoula El Hafidi, secuestrado y posteriormente abandonado en una zona desértica tras su liberación, muestran que la presión sobre activistas y ex detenidos se mantiene incluso fuera del ámbito penitenciario.
Todo ello configura un escenario en el que la cuestión de los presos políticos saharauis no puede entenderse únicamente como un problema carcelario o humanitario. Se trata, más bien, de una dimensión del propio conflicto, en la que se cruzan la represión política, la ausencia de garantías jurídicas y la falta de aplicación efectiva del derecho internacional.
La acumulación de denuncias, huelgas de hambre y resoluciones ignoradas no apunta hacia una mejora de la situación, sino hacia su cronificación. En ese contexto, la cuestión central no es solo el estado de los presos, sino la capacidad real de los mecanismos internacionales para influir en una realidad que, hasta ahora, permanece prácticamente inalterada.
Porque la situación de los presos saharauis no es un fallo del sistema.
Es, en gran medida, una expresión del propio sistema de ocupación.