Un informe de la Asociación Europea de Abogados para la Democracia y los Derechos Humanos denuncia la ausencia de un mecanismo internacional permanente de vigilancia en el Sáhara Occidental ocupado y recuerda que la MINURSO sigue sin mandato para proteger ni documentar las violaciones de derechos humanos.
La Asociación Europea de Abogados para la Democracia y los Derechos Humanos en el Mundo, ELDH, ha vuelto a poner el foco en una de las anomalías más graves del conflicto del Sáhara Occidental: la ausencia de un mecanismo internacional permanente de vigilancia de los derechos humanos en el territorio ocupado por Marruecos.
En su informe «Sáhara Occidental… 50 años bajo ocupación: la continua negación del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación», fruto de una misión internacional de establecimiento de los hechos realizada en 2026, la organización europea deplora que la MINURSO continúe limitada a la supervisión del alto el fuego, sin capacidad para documentar de forma independiente las violaciones de derechos humanos ni para ofrecer una protección efectiva a la población saharaui bajo ocupación.
La cuestión no es menor. La MINURSO fue creada en 1991 para organizar un referéndum de autodeterminación que nunca llegó a celebrarse. Más de tres décadas después, no solo sigue pendiente la consulta, sino que la misión de Naciones Unidas continúa sin competencias en derechos humanos, a diferencia de lo que ocurre en otras misiones internacionales. Ese vacío deja al Sáhara Occidental ocupado en una situación especialmente grave: represión, detenciones arbitrarias, juicios sin garantías, denuncias de tortura, restricciones a la libertad de expresión, asociación y reunión, y obstáculos constantes al trabajo de periodistas, juristas y observadores internacionales.
El informe de la ELDH no aparece en el vacío. Llega en un momento en el que se acumulan las alertas sobre la situación de los presos políticos saharauis, con especial preocupación por Naama Asfari, y cuando defensoras como Aminetu Haidar siguen denunciando que los territorios ocupados funcionan como una “cárcel a cielo abierto”. La ausencia de una vigilancia internacional estable permite precisamente eso: que Marruecos mantenga el control del territorio, limite el acceso exterior y reduzca la documentación independiente de lo que ocurre sobre el terreno.
La organización europea señala también cuestiones estructurales que forman parte del mismo patrón: discriminación contra la población saharaui, alteración demográfica del territorio, expolio de recursos naturales, presión sobre defensores de derechos humanos, periodistas, abogados, mujeres, niños y familias de víctimas. No se trata solo de casos individuales de represión, sino de un sistema de ocupación prolongada que afecta a todos los ámbitos de la vida saharaui.
El propio método de trabajo del informe confirma el problema. La ELDH explica que buena parte de la información tuvo que obtenerse mediante entrevistas on line, realizadas entre febrero y marzo de 2026, porque el acceso al Sáhara Occidental ocupado sigue sometido a restricciones de seguridad, trabas administrativas y expulsiones o bloqueos a observadores independientes. Dicho de otra manera: la dificultad para investigar las violaciones de derechos humanos forma parte de la denuncia.
Europa aparece aquí con una responsabilidad doble. Por un lado, organizaciones jurídicas y de derechos humanos europeas contribuyen a romper el cerco informativo y a documentar lo que Marruecos intenta mantener fuera del escrutinio internacional. Por otro, los gobiernos europeos siguen evitando asumir plenamente las consecuencias políticas y jurídicas de esa documentación. La Unión Europea no puede invocar el derecho internacional en unos conflictos y mirar hacia otro lado cuando se trata del Sáhara Occidental.
La conclusión es clara: mientras la MINURSO no incluya un mandato de vigilancia de derechos humanos y mientras Naciones Unidas no garantice el acceso independiente al territorio ocupado, el pueblo saharaui seguirá expuesto a la impunidad. La descolonización pendiente no es solo un problema diplomático. Es también una cuestión de derechos humanos, protección internacional y credibilidad del sistema multilateral.