En una época de elaboradas recetas y reuniones alrededor de la comida, es buen momento para tomar conciencia de que el consumo de algunos de los productos que degustamos, despreocupadamente, tienen un fuerte impacto en la vida y desarrollo de otros pueblos.

Esta preocupación no es nueva, el derecho a llevar a cabo un “consumo ético y responsable” ya se recoge en el Reglamento (UE) No 1169/2011, donde se señala que el consumidor tiene derecho a elegir un producto “teniendo en cuenta consideraciones sanitarias, económicas, medioambientales, sociales y éticas”. Es decir, que el consumidor pueda tomar decisiones acorde a sus valores teniendo en cuenta si un producto ha sido elaborado bajo explotación laboral, si los animales han vivido en buenas condiciones o si los productos vienen de alguna zona ocupada y de cuya venta se beneficia una fuerza ocupante y no la población autóctona. Toda esta información debería conocerse a través de la trazabilidad del producto, lo que permitiría rastrear cada paso del proceso de producción hasta que llegue al consumidor final.

Marroquinizar lo saharaui

En septiembre de 2021, el Tribunal General de la Unión Europea anuló los acuerdos comerciales entre la UE y Marruecos por incluir al Sahara Occidental, un territorio no autónomo y pendiente de descolonización que lleva ocupado, ilegalmente, por Marruecos desde 1975. Este dictamen se basa en resoluciones de la ONU que señalan que los recursos naturales de los territorios no autónomos pertenecen a la población nativa de ese lugar y no a la potencia ocupante. De esta manera, el Tribunal Europeo ha estimado que la Unión Europea no puede negociar con Marruecos la importación de los recursos del Sahara Occidental, sino que ha de hacerlo con el legítimo representante del pueblo saharaui, el Frente Polisario.

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