Hoy, mientras el debate sobre la situación de los saharauis en España vuelve a ocupar espacio político y mediático, una cuestión de fondo sigue sin abordarse: la ausencia del Sáhara Occidental en las políticas públicas de memoria democrática. No se trata solo de una omisión histórica, sino de un vacío que tiene consecuencias directas en el presente.

El Sáhara Occidental fue territorio bajo administración española durante casi un siglo. Entre 1884 y 1976, España no solo ejerció el control colonial, sino que llegó a considerar el territorio como una provincia más, documentando a la población saharaui como ciudadanía española. Sin embargo, este vínculo jurídico e histórico ha sido progresivamente borrado del relato institucional y de las políticas públicas de memoria.

Tras su inclusión en 1963 en la lista de Territorios No Autónomos de Naciones Unidas, el Sáhara Occidental quedó reconocido como un territorio pendiente de descolonización, con el derecho de su población a decidir libremente su futuro. Este proceso, sin embargo, quedó interrumpido tras los Acuerdos Tripartitos de Madrid de 1975, que no transfirieron la soberanía del territorio ni garantizaron el ejercicio de la autodeterminación.

La retirada española en 1976 dejó a la población saharaui expuesta a graves violaciones de derechos humanos, desplazamientos forzados y, en muchos casos, a la pérdida de la nacionalidad española. A diferencia de la población de origen europeo, evacuada e indemnizada en el marco de la operación conocida como “Golondrina”, miles de saharauis quedaron desprotegidos frente a la ocupación, en un tratamiento desigual que diversas organizaciones consideran discriminatorio.

Este vacío no es solo histórico. Según recoge el informe Saharauis. Las otras víctimas del franquismo y postfranquismo (Aomar Lahsen, 2025), la población saharaui sufrió represión durante el franquismo y en el proceso de descolonización inconcluso, incluyendo episodios como la guerra de Ifni-Sáhara, la represión de la manifestación de Zemla o desapariciones forzadas durante la retirada española.

A pesar de ello, la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022 no contempla de forma explícita a las víctimas saharauis. Una omisión que diversas asociaciones consideran especialmente grave en el contexto de la reciente creación de la Comisión de la Verdad, que debería abordar de forma integral las violaciones de derechos humanos cometidas durante ese periodo.

En este contexto, organizaciones saharauis, entidades académicas y colectivos de memoria han impulsado el manifiesto “Sáhara Occidental y memoria”, que reclama la inclusión de este territorio y de sus víctimas en las políticas públicas de memoria democrática. Entre sus peticiones figuran el reconocimiento oficial de las víctimas saharauis, el acceso a archivos históricos, la investigación independiente de los hechos y la incorporación del caso saharaui al Plan Estatal de Memoria Democrática.

Más allá del debate jurídico, la cuestión plantea una realidad difícil de ignorar: la historia del Sáhara Occidental no es un episodio ajeno, sino parte de la historia reciente de España. Su exclusión de las políticas de memoria no solo contribuye al olvido, sino que impide abordar de forma completa las responsabilidades derivadas de un proceso de descolonización que sigue sin resolverse.

Reconocer a las víctimas saharauis no supone reabrir el pasado, sino completarlo. Y, sobre todo, asumir que las consecuencias de aquel proceso no pertenecen únicamente a la historia, sino que siguen proyectándose sobre el presente.

La Plataforma No te olvides del Sáhara Occidental se adhiere a la campaña “Sáhara Occidental y memoria” y respalda sus reivindicaciones en favor del reconocimiento, la verdad y la reparación de las víctimas saharauis.