El 31 de octubre termina el mandato actual de la MINURSO y, antes de esa fecha, el Consejo de Seguridad deberá volver a pronunciarse sobre la misión y sobre el marco político del Sáhara Occidental. Estados Unidos redactará, como viene haciendo como país encargado del expediente, el primer proyecto de resolución; después comenzará una negociación entre los quince miembros del Consejo en la que cada palabra puede modificar la lectura política del texto final. Por eso octubre no es un mes más en el calendario saharaui.
Carlos Cristóbal – NO TE OLVIDES DEL SÁHARA OCCIDENTAL
Cada año, cuando se acerca octubre, el Sáhara Occidental vuelve a ocupar un lugar destacado en la agenda diplomática de Naciones Unidas. La razón inmediata es sencilla: el mandato de la MINURSO tiene fecha de caducidad y el actual termina el 31 de octubre de 2026, después de que la resolución 2797 lo prorrogara por un año. Si el Consejo de Seguridad quiere que la misión continúe, tiene que volver a adoptar una decisión antes de esa fecha.
Pero octubre no consiste únicamente en decidir si los vehículos y observadores de la MINURSO permanecen otro año sobre el terreno. Cada renovación va acompañada de un texto político en el que el Consejo describe la situación, fija prioridades, respalda el trabajo del enviado personal del secretario general y señala el marco en el que considera que debe continuar el proceso. De una resolución a la siguiente pueden aparecer palabras nuevas, desaparecer otras o cambiar el peso concedido a determinadas propuestas. Por eso, después de cada votación, Marruecos, el Frente POLISARIO y los Estados implicados examinan el documento casi línea por línea y ofrecen interpretaciones muy diferentes de lo aprobado.
El Consejo de Seguridad está formado por quince Estados. Cinco tienen asiento permanente —Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido— y otros diez son elegidos por períodos de dos años. Para aprobar una resolución se necesitan al menos nueve votos favorables y, en las cuestiones sustantivas, ninguno de los cinco miembros permanentes puede bloquearla mediante su veto. En 2026 forman parte también del Consejo, entre otros, Dinamarca, Pakistán, Panamá, Somalia, Colombia, República Democrática del Congo, Bahréin, Letonia, Liberia y Grecia.
Hay un dato especialmente importante para entender por qué Washington aparece siempre en el centro de estas semanas: Estados Unidos es el llamado penholder del Sáhara Occidental. Dicho sin lenguaje diplomático, es el país que lleva la iniciativa en la redacción del proyecto de resolución. El primer texto que empieza a circular parte normalmente de Washington y sobre ese documento comienzan después las negociaciones, las objeciones y las modificaciones. En 2025, el proyecto que terminó convirtiéndose en la resolución 2797 fue precisamente una iniciativa estadounidense, y Estados Unidos sigue figurando en 2026 como responsable de la redacción sobre este expediente.
Eso otorga a Estados Unidos una capacidad indudable para marcar el punto de partida, pero no significa que Washington pueda decidir por sí solo el contenido final. Los demás miembros pueden pedir modificaciones, rechazar formulaciones, abstenerse o votar en contra, y los miembros permanentes disponen además del veto. La resolución 2797 es un buen ejemplo de que el resultado final no equivale simplemente a la voluntad de quien presenta el primer borrador: fue aprobada por once votos a favor y tres abstenciones, mientras Argelia no participó en la votación.
También conviene distinguir otra cosa que a veces genera confusión. Grecia presidirá el Consejo de Seguridad durante octubre de 2026, porque la presidencia rota mensualmente entre sus miembros. Eso significa que dirigirá los trabajos y las reuniones del Consejo durante ese mes, pero no que Grecia pase a controlar el expediente saharaui ni a redactar la resolución. La iniciativa del borrador seguirá correspondiendo previsiblemente a Estados Unidos como penholder.
Todo esto explica por qué las semanas previas a la votación generan tanta actividad diplomática. Las partes mantienen contactos con Washington y con otros miembros del Consejo, el secretario general informa sobre la situación, circulan borradores y empiezan las negociaciones sobre un texto que rara vez llega intacto desde su primera versión hasta la votación. Y esta vez el debate llega después de una resolución 2797 que modificó de forma importante el lenguaje empleado por el Consejo y en medio de unas conversaciones que, según ha reconocido recientemente Massad Boulos, todavía no han producido una solución mutuamente aceptable.
Por eso insistimos en que octubre es un mes clave para el Sáhara Occidental. No porque el día 31 vaya necesariamente a resolverse un conflicto pendiente desde hace medio siglo, sino porque durante esas semanas se decidirá qué misión mantiene Naciones Unidas sobre el terreno y con qué lenguaje político afrontará el Consejo de Seguridad el siguiente período. Y en un conflicto donde cada término —autonomía, autodeterminación, solución mutuamente aceptable, partes, negociación— tiene consecuencias políticas, la redacción final importa tanto como la votación.
Una vez entendido esto, queda la cuestión más importante, y será la segunda parte de este análisis: ¿qué puede decidir realmente el Consejo de Seguridad en octubre sobre el Sáhara Occidental y qué cosas, por mucho que diga una resolución, no puede decidir por sí solo?
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