Durante casi un siglo, el Sáhara Occidental —último territorio africano pendiente de descolonización— fue administrado por España, que en 1958 lo convirtió oficialmente en provincia española. Aunque el Tribunal Internacional de Justicia había reconocido el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, Marruecos inició el 6 de noviembre de 1975 la llamada Marcha Verde: una invasión militar y civil masiva en la que 350.000 personas cruzaron la frontera para ocupar el territorio y presionar a España para que lo abandonase.

España, en lugar de garantizar un proceso de independencia supervisado por la ONU, firmó los Acuerdos de Madrid el 14 de noviembre de 1975, entregando el territorio a Marruecos y Mauritania, pese a no tener soberanía para hacerlo.

Esa retirada apresurada dejó al pueblo saharaui a merced de la ocupación y la represión marroquí. La población fue víctima de bombardeos, desplazamientos forzados y persecución. Miles huyeron hacia los campamentos de refugiados en Tinduf (Argelia), donde aún hoy resisten en condiciones extremadamente duras, mientras Marruecos ocupa la mayor parte del territorio.

España abandonó así a su antigua colonia, incumpliendo sus obligaciones como potencia administradora y traicionando su compromiso con la autodeterminación del pueblo saharaui. Décadas después de los Acuerdos de Madrid, España protagonizó una segunda gran traición: en marzo de 2022, el gobierno de Pedro Sánchez reconoció públicamente que la propuesta de autonomía bajo soberanía marroquí era “la base más seria, creíble y realista” para resolver el conflicto. Con esta declaración, España rompió su tradicional postura de neutralidad y se alineó con la posición de Marruecos, contradiciendo décadas de resoluciones de la ONU que reconocen el derecho del pueblo saharaui a decidir su futuro mediante un referéndum.

A las puertas del 50º aniversario de la Marcha Verde, el 30 de octubre, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunirá para votar una nueva resolución sobre el Sáhara Occidental, coincidiendo con la expiración, al día siguiente, del mandato de la Misión de la ONU para el Referéndum (MINURSO), creada en 1991 para organizar una consulta de autodeterminación.

El borrador presentado por Estados Unidos busca consolidar el marco de la autonomía dentro de la soberanía de Marruecos, omitiendo toda referencia al referéndum y promoviendo un papel directo de Washington en el proceso, desplazando el liderazgo tradicional de Naciones Unidas. Pese a las objeciones de varios países miembros, la resolución será remitida a la presidencia del Consejo para su votación.

El apoyo al plan marroquí de autonomía sobre el Sáhara Occidental no solo da la espalda al pueblo saharaui y a su derecho a decidir, sino también a la legalidad internacional, que establece que el territorio sigue siendo un caso de descolonización y su población tiene derecho la libre determinación.

Es vergonzoso ver cómo el pueblo saharaui continúa sometido a la ocupación, la violencia sistemática y el expolio de sus recursos, mientras gobiernos cómplices y organismos internacionales hipócritas miran hacia otro lado.

Los intereses económicos, geopolíticos y militares jamás deberían pesar más que el derecho de los pueblos. Por eso, desde ELA, una vez más, expresamos toda nuestra solidaridad y cariño al valiente y digno pueblo saharaui y exigimos una solución justa y definitiva: la celebración de un referéndum conforme a las resoluciones de Naciones Unidas que permita al pueblo saharaui decidir sobre su futuro y vivir en libertad.