La visita del embajador de Francia en Marruecos a la ciudad ocupada de El Aaiún ha vuelto a situar a París en el centro del debate sobre el Sáhara Occidental. Lejos de interpretarse como un gesto diplomático más, el movimiento ha generado reacciones políticas y denuncias desde el ámbito saharaui, en un contexto marcado por las tensiones en los territorios ocupados y el bloqueo informativo denunciado en las últimas horas.
Desde el Frente Polisario, la reacción ha sido inmediata. La organización ha rechazado esta visita, interpretándola como un gesto político que se inscribe en una línea de continuidad en el respaldo francés a Marruecos. En este sentido, se señala que este tipo de iniciativas no pueden entenderse como actos diplomáticos neutros, sino como parte de una dinámica que contribuye a consolidar el control marroquí sobre el territorio.
Las críticas no se limitan a este episodio concreto. Desde el ámbito saharaui se recuerda que Francia ha mantenido durante décadas una posición de apoyo a Rabat, también desde su papel en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En este contexto, la visita a El Aaiún es leída como una prolongación de esa línea política.
En un comunicado difundido por el Ministerio de Exteriores saharaui, el Frente Polisario ha afirmado que este tipo de actuaciones “traicionan el deber y la responsabilidad de Francia como miembro del Consejo de Seguridad” y cuestionan su papel en la protección de la paz y la seguridad internacionales.
La reacción se produce además en un momento marcado por nuevas denuncias sobre la situación en los territorios ocupados. El Frente Polisario ha alertado del bloqueo informativo impuesto por las autoridades marroquíes y de medidas de presión directa, como el cerco a la vivienda de un activista saharaui.
Estos elementos refuerzan una realidad que se mantiene en el tiempo: restricciones sobre el acceso a la información, vigilancia constante y limitaciones a la actividad de activistas y familias vinculadas a presos políticos, en un contexto con escasa visibilidad internacional.
Todo ello se produce sin cambios en el marco jurídico internacional, que sigue considerando el Sáhara Occidental como un territorio pendiente de descolonización, mientras continúan los movimientos diplomáticos que no alteran, por ahora, la cuestión de fondo.