La exclusión de los solicitantes de apatridia de la reciente regularización extraordinaria ha puesto el foco en una cuestión poco conocida: qué implica realmente este procedimiento en España. Aunque se presenta como una vía legal para personas sin nacionalidad, en el caso de los saharauis puede suponer años de espera sin permiso de trabajo ni acceso pleno a derechos básicos.

En España existe un procedimiento específico para quienes no son reconocidos como nacionales por ningún Estado: el estatuto de apátrida. En el caso del Sáhara Occidental, esta vía se ha convertido en la principal opción para muchos saharauis, pero su funcionamiento real dista mucho de ser una solución efectiva.

El reconocimiento de la apatridia está regulado por la normativa española y, en teoría, permite obtener residencia legal y permiso de trabajo. Sin embargo, el problema no está tanto en el resultado final como en el proceso. La tramitación puede prolongarse entre dos y tres años, un periodo durante el cual los solicitantes no tienen derecho a trabajar ni acceso pleno a servicios sociales.

Esta situación coloca a miles de saharauis en España en un limbo administrativo. No pueden ser expulsados, pero tampoco pueden desarrollar una vida normal. La falta de ingresos propios y la imposibilidad de acceder a derechos básicos generan una dependencia económica y una vulnerabilidad prolongada que distintas organizaciones llevan tiempo denunciando.

La diferencia con otros procedimientos es significativa. Mientras que los solicitantes de asilo pueden acceder al mercado laboral a partir de los seis meses, quienes solicitan la apatridia deben esperar a una resolución sin garantías de plazos. Esta desigualdad ha sido señalada por juristas como un elemento difícil de justificar en términos de protección efectiva.

El caso de Larabas Mohamed Moulud, recogido por EFE, refleja esta realidad. Nacido en El Aaiún cuando el territorio era provincia española, inició su solicitud de apatridia hace meses sin recibir respuesta. Durante ese tiempo, no ha podido trabajar y depende del apoyo familiar para subsistir, en una situación que describe como tener la vida “en el aire”.

Según datos oficiales, en España residen más de 11.000 personas apátridas, de las cuales la gran mayoría son saharauis. A pesar de ello, el procedimiento sigue arrastrando retrasos estructurales y una falta de medios que limita su eficacia. “El problema no es que no exista una vía, sino que no funciona”, señalan desde el ámbito jurídico.

La reciente exclusión de este colectivo de la regularización extraordinaria ha intensificado el debate. El Gobierno sostiene que ya cuentan con un mecanismo específico de protección, pero distintas organizaciones consideran que ese sistema, tal y como está diseñado, no garantiza derechos básicos durante su tramitación.

En este contexto, muchos saharauis se enfrentan a una decisión compleja: mantener la solicitud de apatridia o renunciar a ella para intentar acceder a otras vías de regularización, con el riesgo de quedar completamente desprotegidos si el proceso no prospera.