Victoria G. Corera – Plataforma NO TE OLVIDES DEL SÁHARA OCCIDENTAL
La exclusión de los solicitantes de apatridia —en su inmensa mayoría saharauis— del nuevo proceso extraordinario de regularización aprobado por el Gobierno ha generado una oleada de críticas. Y no es difícil entender por qué. La lectura del decreto publicado en el BOE confirma algo importante: los saharauis apátridas no han quedado completamente fuera del sistema, pero sí fuera de la vía más clara, rápida y favorable que la nueva reforma abre para otros colectivos.
Esa diferencia es la clave.
En los primeros borradores del reglamento, los solicitantes de protección internacional y los solicitantes de apatridia aparecían incluidos dentro del nuevo mecanismo extraordinario. Sin embargo, en el texto final esa referencia desaparece. La explicación oficial apunta al dictamen del Consejo de Estado, que habría recomendado retirar a los solicitantes de apatridia por posibles problemas técnicos o de encaje jurídico. Pero ese dictamen no era vinculante. Y, sobre todo, el propio decreto demuestra que sí existía margen para diseñar fórmulas específicas.
De hecho, la nueva norma crea expresamente una disposición adicional vigésima para las personas solicitantes de protección internacional que hubieran presentado su solicitud antes del 1 de enero de 2026. Esa disposición les permite acogerse a una autorización extraordinaria de residencia por arraigo, con una ventaja decisiva: desde el inicio de la tramitación quedan provisionalmente habilitadas para residir y trabajar, y el procedimiento tiene un plazo máximo de resolución de tres meses.
Ahí es donde los solicitantes de apatridia desaparecen.
No porque el Gobierno no haya podido crear una fórmula específica, sino porque ha decidido no hacerlo.
El mismo decreto crea también una disposición adicional vigesimoprimera, el llamado arraigo extraordinario, que abre una vía excepcional para otras personas extranjeras en situación irregular que acrediten determinados vínculos o situaciones de vulnerabilidad. Es decir, el Gobierno ha construido varias puertas nuevas dentro del sistema. Pero ninguna de ellas está pensada específicamente para quienes se encuentran en procedimiento de apatridia, pese a que ese colectivo figuraba antes en los borradores.
Eso es lo que hace tan difícil de justificar la decisión final.
Porque el argumento de que los saharauis apátridas “ya tienen otra vía” no resuelve el problema. También otros colectivos tenían vías previas, y aun así se les ha abierto una nueva puerta extraordinaria, más rápida y más eficaz. En cambio, a los saharauis se les deja con las que ya tenían: procedimientos más lentos, más inciertos y menos útiles en la práctica.
En otras palabras: no se les expulsa del sistema, pero se les cierra la puerta mejor.
Y eso tiene consecuencias muy concretas. Mientras las personas solicitantes de protección internacional podrán beneficiarse de una vía extraordinaria con permiso provisional de trabajo desde el inicio, los solicitantes de apatridia siguen atrapados en expedientes que pueden prolongarse durante años sin autorización laboral y sin una salida clara a corto plazo.
La desigualdad no está, por tanto, en que unos estén dentro del sistema y otros fuera. Está en que unos acceden a una regularización útil y otros son remitidos a procedimientos que ya habían demostrado ser lentos, restrictivos e insuficientes.
La paradoja es aún mayor si se tiene en cuenta que el propio decreto prevé que quienes accedan a la autorización extraordinaria por protección internacional deban desistir de su solicitud de asilo o del recurso pendiente. Es decir, el Gobierno sí ha diseñado una solución normativa específica para compatibilizar temporalmente protección y regularización en ese ámbito. Si ha querido hacerlo para el asilo, cuesta entender por qué no ha querido hacer algo semejante para la apatridia.
Ahí es donde la explicación deja de ser puramente técnica.
Porque la decisión final no se puede presentar solo como una consecuencia inevitable del informe del Consejo de Estado. El decreto demuestra que había capacidad normativa para crear vías ad hoc, matizar redacciones o introducir disposiciones específicas. Si eso no se ha hecho con la apatridia, no parece por falta de instrumentos, sino por falta de voluntad.
Y esa falta de voluntad tiene un impacto desigual muy concreto: afecta a un colectivo compuesto de forma abrumadora por saharauis.
Por eso el debate no debería girar en torno a una pregunta engañosa —si los apátridas están o no completamente fuera del sistema—, sino a la cuestión de fondo: por qué se ha decidido dejarles fuera precisamente del único mecanismo extraordinario que podía ofrecer una solución inmediata y efectiva a su situación.
La respuesta jurídica no está cerrada. La respuesta política, en cambio, empieza a estar bastante clara.
Victoria G. Corera
Plataforma NO TE OLVIDES DEL SÁHARA OCCIDENTAL