La exclusión de las personas apátridas —entre ellas miles de saharauis— del proceso extraordinario de regularización aprobado por el Gobierno no es un detalle técnico ni una simple “letra pequeña”. Es un síntoma más de una contradicción de fondo que España arrastra desde hace décadas: su responsabilidad jurídica sobre el Sáhara Occidental sigue sin resolverse,...
El conflicto sigue encallado en sus marcos habituales, sin decisiones que alteren su curso, mientras sobre el terreno la situación permanece activa y las vulneraciones de derechos continúan acumulándose. La distancia entre lo que se dice y lo que efectivamente cambia vuelve a ser, una vez más, el elemento central de la jornada.
El delegado del Frente Polisario en España denuncia que la exclusión de los apátridas de la regularización tiene una dimensión política y afecta directamente a los saharauis.