La exclusión de las personas apátridas —entre ellas miles de saharauis— del proceso extraordinario de regularización aprobado por el Gobierno no es un detalle técnico ni una simple “letra pequeña”. Es un síntoma más de una contradicción de fondo que España arrastra desde hace décadas: su responsabilidad jurídica sobre el Sáhara Occidental sigue sin resolverse, pero sus decisiones políticas afectan directamente a la vida de los saharauis.

Las críticas no han tardado en aparecer. Desde el Frente Polisario en Catalunya se ha calificado la medida como una “humillación”, subrayando una realidad conocida: muchos saharauis pasan años —a veces cuatro o cinco— hasta obtener el estatuto de apátrida. Durante ese tiempo, quedan fuera de los derechos más básicos, en una situación de precariedad que no es accidental, sino estructural.

Este punto no puede entenderse sin el contexto. El Sáhara Occidental sigue siendo, conforme al derecho internacional, un territorio pendiente de descolonización. España, pese a su retirada en 1975, no ha dejado de ser la potencia administradora de iure. La apatridia de los saharauis no es, por tanto, una circunstancia cualquiera: es la consecuencia directa de un proceso de descolonización inconcluso.

Por eso, la decisión de excluir a los apátridas saharauis adquiere un significado político evidente. La diputada de Sumar Tesh Sidi lo ha señalado con claridad: no se trata de un fallo técnico, sino de una decisión política. La propia tramitación del reglamento muestra que los apátridas estaban contemplados en borradores anteriores y que su exclusión responde a criterios distintos del mero encaje jurídico.

La consecuencia es concreta: mientras se reconoce el derecho a la regularización de amplios sectores de población migrante, se deja fuera precisamente a quienes carecen de reconocimiento jurídico básico. La irregularidad no es aquí una categoría abstracta: implica trabajar sin derechos, no poder acceder plenamente al sistema sanitario o ver bloqueada cualquier expectativa de estabilidad.

A ello se suma un elemento que rara vez se menciona, pero que resulta significativo. Según denuncian desde el movimiento saharaui, incluso cuando se obtiene documentación en España, el lugar de nacimiento deja de figurar como “Sáhara Occidental” y pasa a aparecer vinculado a Marruecos o a categorías genéricas. Este tipo de prácticas administrativas no son neutras: contribuyen a diluir la identidad jurídica y política del pueblo saharaui.

El trasfondo remite, de nuevo, al giro de 2022. La carta enviada por el Gobierno español apoyando el plan de autonomía marroquí marcó un punto de inflexión en la política exterior española. Desde entonces, la relación con el Frente Polisario permanece rota, y decisiones como la actual se interpretan en continuidad con ese cambio.

En este contexto, la exclusión de los saharauis de la regularización no puede analizarse de forma aislada. Se inserta en una línea más amplia en la que España, lejos de asumir su responsabilidad histórica y jurídica, adopta decisiones que, de hecho, afectan a la posición y a los derechos de la población saharaui.

El debate sigue abierto, y ya hay iniciativas políticas y jurídicas para intentar corregir esta exclusión. Pero lo que esta medida pone de relieve es algo más profundo: la cuestión del Sáhara Occidental no es solo un asunto de política exterior. Tiene consecuencias directas dentro del propio Estado español.