Hoy, 19 de abril de 2026, una denuncia de la organización IAJUWS vuelve a poner el foco en una cuestión clave para entender la situación de la diáspora saharaui en España: la exclusión de las personas solicitantes de apatridia del proceso de regularización extraordinaria aprobado por el Gobierno.
Según la organización, esta decisión no es un efecto colateral ni una omisión técnica, sino una medida que, en la práctica, deja fuera a una parte muy significativa de la población saharaui residente en España. La razón es clara: la gran mayoría de quienes solicitan el estatuto de apátrida en el país son saharauis, una realidad que convierte esta exclusión en una medida con impacto directo sobre este colectivo.
El dato es relevante. De acuerdo con cifras del propio Ministerio del Interior, más del 95% de las solicitudes de apatridia en España corresponden a personas saharauis. En este contexto, excluir a este grupo del proceso de regularización extraordinaria supone, en la práctica, negarles una vía de acceso a derechos básicos que sí se abre para otros colectivos en situación administrativa irregular.
Pero el problema no se limita a la exclusión puntual de esta medida. La situación de los saharauis en España en relación con la apatridia arrastra problemas estructurales desde hace años. Aunque la normativa establece plazos relativamente breves para resolver las solicitudes, en la práctica los expedientes pueden prolongarse durante años, dejando a las personas afectadas en un limbo administrativo que dificulta su acceso al empleo, la estabilidad legal y derechos fundamentales.
La denuncia de IAJUWS introduce además un elemento de fondo que conecta directamente con la cuestión del Sáhara Occidental: la responsabilidad histórica y jurídica de España. A diferencia de otros colectivos, la situación de apatridia de muchos saharauis no es resultado de procesos migratorios convencionales, sino consecuencia directa del proceso de descolonización inconcluso y de decisiones adoptadas por el propio Estado español en los años setenta.
Desde esta perspectiva, la exclusión de los solicitantes de apatridia de la regularización extraordinaria adquiere un significado distinto. No se trata únicamente de una cuestión administrativa, sino de una decisión que, según la organización denunciante, refuerza dinámicas de invisibilización y prolonga una situación de vulnerabilidad específica que afecta de manera directa al pueblo saharaui.
En este sentido, IAJUWS reclama la inclusión inmediata de las personas solicitantes de apatridia en el proceso de regularización, así como medidas que garanticen la agilización de los expedientes y el respeto a los compromisos internacionales de España. La organización advierte de que mantener la situación actual implica consolidar una forma de exclusión que tiene consecuencias concretas en la vida cotidiana de miles de personas.
Más allá del debate político, la cuestión plantea una realidad difícil de ignorar: en un proceso diseñado para regularizar situaciones de vulnerabilidad, una parte significativa de la población saharaui queda nuevamente al margen. Un escenario que refuerza la idea de que, también en España, la cuestión del Sáhara Occidental sigue teniendo implicaciones jurídicas y sociales directas.