Mientras el Gobierno español ha abierto un proceso extraordinario de regularización para miles de personas migrantes, los saharauis han quedado fuera. Para entender por qué, hay que detenerse en una figura clave que suele pasar desapercibida: la apatridia.

El punto de partida: no tener nacionalidad

Ser apátrida significa, en términos simples, no ser reconocido como ciudadano por ningún Estado. No tener pasaporte. No tener una nacionalidad que te proteja.

En España, esta situación afecta de manera muy particular a los saharauis. La razón es conocida: el Sáhara Occidental sigue siendo un territorio pendiente de descolonización y su población no ha podido ejercer su derecho a decidir su estatus político. Ese vacío se traduce, en muchos casos, en una vida sin nacionalidad reconocida.

Un proceso largo… y sin derechos básicos

En teoría, España reconoce la figura del apátrida y ofrece protección. En la práctica, el proceso puede alargarse durante años.

Durante ese tiempo, quienes han solicitado el estatuto de apatridia no pueden trabajar, no tienen acceso normalizado a derechos básicos y viven en una situación de incertidumbre constante. A diferencia de los solicitantes de asilo, no cuentan con una autorización provisional de empleo.

Esto genera una paradoja difícil de justificar: quienes han iniciado un procedimiento legal para regularizar su situación acaban en peores condiciones que quienes no lo han hecho.

La regularización que no llega

El nuevo proceso extraordinario aprobado por el Gobierno buscaba precisamente dar salida a situaciones de bloqueo administrativo como esta. Sin embargo, en su versión final, ha dejado fuera a los solicitantes de apatridia.

Esto significa que mientras otros colectivos podrán acceder a una autorización de residencia y trabajo en plazos reducidos, los saharauis seguirán en el mismo punto: esperando durante años una resolución, sin poder trabajar.

No es que no exista una vía para ellos. Es que no se les ha permitido acceder a esta nueva.

Más allá de lo técnico

La explicación formal apunta a razones jurídicas o técnicas. Sin embargo, el resultado es claro: se establece una diferencia de trato entre colectivos en situaciones comparables.

En un contexto en el que más del 90% de las solicitudes de apatridia en España corresponden a personas saharauis, la exclusión tiene un impacto directo sobre este grupo.

Una cuestión que va más allá de la migración

Lo que está en juego no es solo una cuestión administrativa. Es también el reflejo de una realidad más amplia: la situación jurídica y política del Sáhara Occidental sigue teniendo consecuencias concretas en la vida de miles de personas.

Mientras no se resuelva el conflicto de fondo, la apatridia seguirá siendo una de sus expresiones más visibles… y más invisibilizadas.

 Leer más

 España no deja fuera a los saharauis por error: decide no abrirles la puerta que sí abre a otros
 Sáhara Occidental: por qué los saharauis apátridas han quedado fuera de la vía más útil de regularización en España
 Sáhara Occidental: Tesh Sidi denuncia “violencia institucional” contra los saharauis en España