La diputada saharaui Tesh Sidi ha elevado el tono de las críticas a la exclusión de los solicitantes de apatridia —en su mayoría saharauis— del nuevo proceso de regularización en España, calificando la situación de “violencia institucional”.

En una serie de mensajes publicados en redes sociales, Sidi sostiene que la medida no responde a un problema técnico, sino a una decisión política con consecuencias directas sobre un colectivo especialmente vulnerable. “No es casualidad: es una política contra el pueblo saharaui”, afirma.

La diputada describe además la situación de los saharauis en España como una “vida absurda”, marcada por largos procesos administrativos que pueden prolongarse durante años. Durante ese tiempo, señala, las personas solicitantes de apatridia no pueden trabajar ni ejercer derechos básicos, lo que a su juicio constituye una forma de exclusión estructural.

Sidi recuerda que el reconocimiento del estatuto de apátrida —que afecta mayoritariamente a ciudadanos saharauis— suele tardar en torno a tres años, un periodo durante el cual las personas afectadas permanecen en una situación de incertidumbre total. “No pueden trabajar, no pueden acceder a derechos básicos, no saben en qué estado está su expediente”, denuncia.

En su intervención, la diputada no limita sus críticas al Gobierno, sino que también cuestiona la actuación de su propio espacio político, señalando la falta de presión en la negociación del reglamento. En este sentido, advierte de que la exclusión de los saharauis introduce un agravio comparativo respecto a otros colectivos migrantes.

Las declaraciones de Sidi se suman a las críticas ya expresadas desde el ámbito jurídico y social, consolidando un frente de contestación en torno a una medida que sigue generando debate.