La exclusión de los solicitantes de apatridia —en su mayoría saharauis— del nuevo proceso extraordinario de regularización aprobado por el Gobierno ha generado una rápida reacción desde distintos ámbitos jurídicos, sociales y políticos.

El abogado saharaui Sidi Mohamed Talebuya ha calificado la medida de “discriminatoria y carente de base jurídica”, subrayando que existían alternativas normativas para incluir a este colectivo sin generar conflictos técnicos. En declaraciones a Europa Press, recuerda que borradores anteriores del reglamento sí contemplaban a los solicitantes de apatridia, y critica que su exclusión final se haya producido sin una justificación sólida.

Talebuya pone el foco en una paradoja especialmente significativa: los solicitantes de apatridia, a diferencia de los de asilo, no pueden trabajar durante la tramitación de sus expedientes, que en muchos casos se prolongan durante años. “Se está castigando a quienes han iniciado un procedimiento legal”, advierte, señalando además que la mayoría de estos expedientes acaban resolviéndose favorablemente. Según sus estimaciones, existen actualmente unas 8.000 solicitudes pendientes en España.

Desde el ámbito jurídico saharaui también se subraya el agravio comparativo que introduce la medida. Mientras los solicitantes de protección internacional podrán beneficiarse de la regularización, quienes se encuentran en situación de apatridia —en condiciones jurídicas similares— quedan excluidos, lo que para distintos expertos carece de fundamento tanto legal como moral.

En el plano político, la diputada de Sumar Tesh Sidi ha denunciado que la exclusión responde a una decisión deliberada, llegando a afirmar que se trata de una medida “hecha a medida contra los saharauis y a petición de Rabat”. La parlamentaria ha criticado que el Gobierno haya eliminado en el texto final una posibilidad que sí figuraba en los borradores iniciales, y ha reclamado una rectificación inmediata.

Por su parte, organizaciones sociales y colectivos saharauis advierten de que esta decisión agrava una situación ya de por sí precaria. La falta de resolución de los expedientes de apatridia, unida a la imposibilidad de trabajar durante su tramitación, sitúa a estas personas en un escenario de vulnerabilidad prolongada. La exclusión del proceso extraordinario de regularización, señalan, refuerza esa dinámica.

En esta línea, el manifiesto difundido por la CEAS-Sahara denuncia de forma explícita la medida y llama a una respuesta colectiva. La organización considera “incomprensible” que se deje fuera a un colectivo especialmente protegido por el derecho internacional y anima a entidades y organizaciones a sumarse a la denuncia de esta situación.

En conjunto, las reacciones apuntan en una misma dirección: más allá del alcance general de la regularización, la exclusión de los saharauis apátridas introduce un elemento de discriminación que abre un nuevo frente en el debate sobre el Sáhara Occidental en España.

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