Plataforma NO TE OLVIDES DEL SÁHARA OCCIDENTAL

No es un fallo técnico. No es un descuido. No es un problema jurídico inevitable.

La exclusión de los solicitantes de apatridia —en su inmensa mayoría saharauis— del nuevo proceso extraordinario de regularización en España es una decisión política. Y el propio decreto lo deja claro.

El Gobierno ha aprobado una reforma que abre vías extraordinarias para regularizar a miles de personas migrantes. Lo hace creando mecanismos específicos, con procedimientos rápidos, plazos definidos y, sobre todo, con una ventaja clave: la posibilidad de trabajar desde el inicio de la tramitación.

Pero esa puerta no es para todos.

Mientras los solicitantes de protección internacional sí pueden acogerse a una vía extraordinaria específica, los solicitantes de apatridia desaparecen del texto final. Estaban en los borradores iniciales. Ya no están. Y no porque no se pudiera hacer, sino porque se ha decidido no hacerlo.

El argumento de que los saharauis “ya tienen otra vía” no se sostiene. También otros colectivos tenían vías previas, y aun así se les ha abierto una nueva puerta más rápida, más clara y más útil. A los saharauis, en cambio, se les deja donde estaban: en procedimientos largos, bloqueados y sin acceso al trabajo durante años.

Esa es la diferencia.

No se les expulsa del sistema, pero se les deja fuera de la única vía que podía cambiar realmente su situación.

El propio decreto demuestra que había margen para otra decisión. El Gobierno ha sido capaz de diseñar una solución específica para los solicitantes de asilo, incluso permitiendo que accedan a una autorización de residencia mientras renuncian posteriormente a su solicitud. Es decir, ha creado una fórmula jurídica ad hoc cuando ha querido hacerlo.

Con la apatridia, no.

Y eso tiene consecuencias muy concretas. En España, la gran mayoría de las solicitudes de apatridia corresponden a personas saharauis. Hablamos de miles de personas que pueden pasar años esperando una resolución sin poder trabajar, sin estabilidad y sin una salida clara a corto plazo.

Frente a eso, la nueva regularización abre oportunidades reales para otros colectivos en situaciones similares.

Por eso el problema no es técnico. Es de trato.

Porque cuando a unos se les abre una puerta nueva y a otros se les deja fuera de ella, la diferencia ya no está en el sistema. Está en la decisión de quién puede beneficiarse de él y quién no.

Y en este caso, la decisión es evidente. No es un fallo: es una decisión política contra los saharauis