Hoy, 15 de abril de 2026, la actualidad del Sáhara Occidental ha estado marcada casi por completo por una misma cuestión: la exclusión de los saharauis apátridas del nuevo proceso extraordinario de regularización aprobado en España. Una decisión que ha generado críticas políticas, jurídicas y sociales, y que abre un debate de fondo sobre el trato diferenciado a este colectivo.
A lo largo del día, las reacciones se han ido acumulando. Desde el ámbito jurídico, se ha señalado la falta de base sólida para excluir a los solicitantes de apatridia, pese a que estaban incluidos en borradores anteriores. En el plano político, voces como la de Tesh Sidi han denunciado lo que consideran una “violencia institucional”, insistiendo en que no se trata de un problema técnico, sino de una decisión consciente que deja fuera a un colectivo especialmente vulnerable.
Más allá de la polémica, el propio contenido del decreto permite entender mejor lo ocurrido. La nueva regulación crea vías extraordinarias para determinados perfiles —especialmente solicitantes de protección internacional— facilitando su acceso a residencia y trabajo en plazos reducidos. Sin embargo, esa misma lógica no se ha aplicado a los solicitantes de apatridia, que permanecen en procedimientos largos, sin acceso al trabajo durante años. En la práctica, se abre una nueva puerta para algunos, mientras otros se quedan en la anterior.
Mientras tanto, en el plano internacional, la jornada deja un contraste significativo. Irlanda ha reafirmado su posición tradicional de apoyo a la legalidad internacional en el Sáhara Occidental, insistiendo en que cualquier solución debe respetar el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y el marco de Naciones Unidas. Un recordatorio de que, fuera del foco mediático, el conflicto sigue siendo una cuestión pendiente de descolonización.
La actividad institucional saharaui también continúa. Desde el terreno, el Ejército de Liberación Popular Saharaui ha informado de nuevas acciones en el sector de Tichla, en un contexto de baja intensidad pero persistente desde la ruptura del alto el fuego en 2020. Al mismo tiempo, iniciativas políticas y sociales en distintos países mantienen viva la cuestión saharaui en espacios parlamentarios y de solidaridad internacional.
En conjunto, la jornada deja una imagen clara: mientras el debate sobre derechos y regularización marca la agenda en España, el conflicto del Sáhara Occidental sigue su curso en varios niveles —jurídico, político y sobre el terreno— sin una perspectiva inmediata de resolución.
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