En los últimos días, varias informaciones han puesto el foco en una realidad que afecta directamente a los saharauis en España: su exclusión de los procesos de regularización impulsados por el Gobierno.

Sin embargo, el problema no se limita a una decisión puntual. A esta situación se suma ahora el bloqueo de una iniciativa legislativa clave en el Congreso, destinada a facilitar el acceso a la nacionalidad para los saharauis en condiciones específicas.

La proposición de ley —admitida a trámite hace meses y con las enmiendas ya cerradas— permanece paralizada en la Comisión de Justicia, a pesar de contar, según distintas fuentes parlamentarias, con apoyos suficientes para su aprobación.

La diputada Tesh Sidi ha denunciado esta situación en los últimos días, señalando directamente la falta de impulso político como principal causa del bloqueo. En su opinión, no se trata de un problema técnico ni de falta de consenso, sino de una decisión que impide avanzar una norma que podría ofrecer una vía específica y más ágil para los saharauis.

En paralelo, la situación de quienes solicitan protección internacional sigue marcada por un vacío práctico: la tramitación de la apatridia o del asilo no garantiza el acceso al trabajo ni una regularización efectiva durante años, dejando a muchas personas en un limbo administrativo.

Ambas cuestiones —la exclusión de la regularización y la paralización de la ley— responden, en el fondo, a una misma lógica: la dificultad para traducir en medidas concretas el reconocimiento político y social que el pueblo saharaui sigue teniendo en España.

El resultado es una situación que se prolonga en el tiempo y que, lejos de resolverse, se va consolidando como un problema estructural con consecuencias directas en la vida de miles de personas.