«Las instituciones europeas se enfrentan ahora a la disyuntiva de defender el Estado de derecho o facilitar prácticas que lo desafían abiertamente. Sus acciones podrían revelar no solo la postura de la UE sobre los derechos del pueblo del Sáhara Occidental, sino también sobre la integridad de su propio sistema judicial», declaró Sara Eyckmans, miembro del observatorio.
El 4 de octubre de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) decidió invalidar definitivamente dos acuerdos comerciales celebrados entre Marruecos y la UE en 2019 en materia de pesca y agricultura, extendidos ilegalmente al Sáhara Occidental ocupado.
En su sentencia, concluyó que «los acuerdos comerciales entre la UE y Marruecos de 2019 sobre productos pesqueros y agrícolas, a los que el pueblo del Sáhara Occidental no dio su consentimiento, se celebraron ignorando los principios de autodeterminación y el efecto relativo de los tratados».
En lo que respecta al acuerdo sobre medidas de liberalización de los productos agrícolas, el Tribunal decidió mantener, durante un período de doce meses, los efectos de la decisión del Consejo Europeo.
Tres meses antes de la cancelación efectiva de este acuerdo, se estarían llevando a cabo «conversaciones secretas» entre representantes comerciales de la UE y Marruecos con el fin de identificar formas de eludir el derecho internacional relativo al Sáhara Occidental.
«(…) Se están llevando a cabo discretamente negociaciones entre bastidores en Bruselas. ¿Su objetivo? Encontrar una solución política a las sentencias del TJUE que declararon inválidos estos acuerdos sin el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental», informó WSRW en su sitio web.
Citando a un medio de comunicación internacional, la ONG reveló que funcionarios europeos y marroquíes «están probando zonas grises legales para mantener los flujos comerciales desde el territorio ocupado, a pesar de las decisiones de la Corte».
Ambas partes estarían examinando los «mecanismos financieros» que habría que poner en marcha para obtener, al menos, el «consentimiento presunto» que exige el TJUE para la legalidad de estos acuerdos.
Sin embargo, el Tribunal de Justicia Europeo también establece otras condiciones que «parece poco probable que se cumplan», señala WSRW.
«Las sentencias del TJUE no se refieren a la redistribución de beneficios. Su objetivo principal es respetar el derecho a la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental. Esto significa, por ejemplo, que la aplicación del consentimiento presunto exigiría que Marruecos aceptara el territorio del Sáhara Occidental como separado y distinto, y que no puede actuar allí con soberanía», explica, señalando que «es inconcebible que Marruecos acepte esto a cambio de una reducción de los aranceles sobre los productos de la Dajla ocupada».
Además, «la capacidad de estas medidas para resistir el escrutinio legal es incierta, sobre todo porque el Frente Polisario, reconocido por los tribunales de la UE como interlocutor legítimo del pueblo del Sáhara Occidental, aún podría impugnar estos marcos», advierte. (SPS)