Publicamos íntegramente este artículo que Santiago Jiménez, historiador y profesor universitario, ha enviado a NO TE OLVIDES DEL SÁHARA OCCIDENTAL para su publicación. Con una larga trayectoria académica y un conocimiento directo de la cuestión del Sáhara Occidental, Jiménez propone una reflexión personal sobre las responsabilidades españolas hacia el pueblo saharaui, escrita —como él mismo nos señala— desde la claridad, la transparencia y la voluntad de ejercer la crítica sin eludir cuestiones incómodas.

El artículo llega además en un momento especialmente oportuno. El debate sobre la nacionalidad española de los saharauis ha regresado a las Cortes Generales y obliga a mirar también hacia atrás: a la provincialización del Sáhara durante la dictadura, a las decisiones adoptadas por España en 1975 y 1976 y a unas consecuencias jurídicas, políticas y humanas que continúan proyectándose sobre el presente.

Reproducimos a continuación el texto íntegro de Santiago Jiménez, tal como nos ha sido remitido por su autor.

El día 19 de abril del año 1961 se rubricaba la Ley por la que el llamado Sahara Español se convertía, de hecho, en la provincia 53 del territorio nacional y, en consecuencia, la población saharaui pasaba a ser ciudadana de pleno derecho del Estado. Una decisión que se tomó entonces de forma unilateral, sin ningún tipo de consulta a sus presuntos beneficiarios, y sin que nadie lo solicitase en base a cualquier solicitud o propuesta. Dinámica propia de una dictadura con pretensiones colonialistas, el casposo ensueño del perdido Imperio, pero escasas capacidades políticas para llevarlas a la práctica de forma efectiva.

Acababa así un proceso de integración de las minúsculas posesiones coloniales que se mantenían en el pasado siglo y que afectaba, también. A los pobladores de Sidi Ifni (1958) y a los naturales de la Guinea Ecuatorial (1959). Y que trataba de encubrir el tremendo fracaso político (disfrazado de vergonzante victoria militar, propiciada por el decisivo apoyo de Francia) del conflicto de Ifni/Sahara de 1957 y blindar esos pequeños enclaves, de valo económico muy desigual, frente a la dinámica independentista que comenzaba a florecer en los viejos dominios coloniales europeos. Nuestra más que preclara inteligencia política, de logros mas que evidentes, y la madurez exhibida por nuestro liderazgo nos llevaba, una vez mas, a remar en contra de los vientos de la Historia. Una especialidad que, a fuerza, de práctica tenía entre nosotros la categoría de olímpica.

No dejaba de ser sino una consecuencia del secular paternalismo colonialista que caracterizó nuestra imprevista presencia en el mundo; y del que es parte ese hondo y muy reflexivo, además de informado, pensamiento africanista que ha venido caracterizando a nuestra política exterior en la época contemporánea, hasta la actualidad. Reclamamos nuestro papel como protagonistas cuando no ejercemos sino de mera comparsa. Y es que para liderar no solo basta con desearlo; se precisan condiciones y capacidades refrendadas por análisis serios y profundos, no complicados ejercicios verbales.

Los saharauis, siguiendo el procedimiento establecido para los naturales de los otros territorios, recibieron, en su día, documentos de identidad y libros de familia, y trabajaron siguiendo las normas legislativas y con los derechos vigentes en el Estado Español. Y perdieron esa condición y derechos en el momento en que España abandonó cada uno de esos territorios que formaban, sic., “parte indisoluble del territorio nacional”: por la independencia de Guinea (en 1968); por la cesión de Ifni a Marruecos (en el 1969); y por la ilegal e irregular transferencia del dominio colonial a Marruecos y Mauritania (en el año 1976) en el caso del Sahara Occidental. Una tierra aún pendiente de descolonización, para la ONU, y de la que España sigue a ser potencia administradora de iure por mucho que se esfuerce por ignorarlo. Considérese que, hoy,

en este mismo momento, el derecho no se rige basicamente por la existencia de principios o normas sino por las opiniones e intereses de jueces y posibles beneficiarios haciendo buena la sentencia del viejo refranero hispano que desea, como castigo, que “pleitos tengas y los ganes”. Y que, en su vertiente internacional, ha llegado a caducar ante os desatados egoísmos de las oligarquías de los diferentes estados con capacidad de liderazgo y la indiferencia y la abulia de la ciudadanía universal.

En el caso particular de la población saharaui las Cortes Españolas, bajo la autoridad del Jefe del Estado en funciones Juan Carlos de Borbón, acordaron la desmembración del Sahara del Estado Español y su falseada descolonización el 18 de noviembre de 1975, con su llamado Caudillo agonizante, por 345 votos a favor de la propuesta, cuatro en contra y otras 4 abstenciones. En una decisión que, una vez mas, no fue ni consultada a quienes se veían mas directamente afectados por este acuerdo y sin la presencia de los procuradores en Cortes saharauis que, en otras ocasiones, le habían dado al hemiciclo su buena dosis de exotismo y que ese día sobraban.

¿Por qué he caracterizado la llamada descolonización de falseada?

Porque las prisas por cerrar drásticamente el procedimiento antes de la muerte del dictador llevaron a la manifiesta inconsecuencia de acordar que el Sahara volviese a su condición de territorio no autónomo cuatro días después de que el Gobierno español (con el visto bueno del Jefe del Estado en funciones, por supuesto) firmase con Marruecos y Mauritania los llamados Acuerdos Tripartitos de Madrid por los que se les cedía, por mitades, la administración que hasta entonces había ostentado España… eso sí, cuando aún el Sahara era legalmente, y también de hecho, territorio español y, por lo mismo, no enajenable.

¿Qué es la integridad y la coherencia de nuestros ¿responsables? políticos frente a la sensación de vacío producida por la muerte de un personaje tan insigne? ¿Qué el dolor sufrido por la población saharaui desde entonces hasta hoy frente a nuestra angustia de cuatro días atroces? Nuestro sentido de la equidad y del estado estuvo entonces por encima de cuestiones tan banales que es mejor olvidar.

EN el año siguiente, 1976, y en coherencia con ese azaroso proceso se regula el derecho de los naturales del Sahara a optar por la nacionalidad española. Para ello se establece que quienes así lo deseen tengan la posibilidad de manifestarlo, en un plazo máximo de un año, presentándose con su DNI “ante el Juez del Registro Civil del lugar de su residencia o el Cónsul español de la demarcación correspondiente”… en un tiempo en el que los saharauis, hombres y mujeres, luchaban por su supervivencia colectiva contra los nuevos poderes coloniales refrendados por España; y su población civil, confusa y desarmada, sufría las consecuencias de un continuado acoso militar. Ni ese Real Decreto tuvo la posibilidad de ser publicitado en un territorio en guerra, ni sus habitantes pudieron conocer su contenido, ni, aunque hubiesen sabido del mismo tenían la más mínima posibilidad de hacer uso de ese “beneficio”. Una burla indecorosa para quienes han tratado con mucha más honra y aprecio que odio a la población española. Algo bien patente, ahora mismo, en la cuidada atención que le dispensan en sus visitas a los campamentos de Tinduf, a pesar de sus carencias y agobios.

Y, en este momento se tramita, por segunda vez, una ley para conceder la nacionalidad española a los y las saharauis que vivieron bajo la administración española, extensible a sus descendientes directos. En la primera ocasión, la propuesta no pasó ningún

trámite parlamentario al agotarse la legislatura antes de su discusión siquiera en pleno. Ahora, el Congreso ha aprobado su tramitación con un elevado número de abstenciones. Y su diligencia continuará en un Senado en el que tienen una confortable mayoría quienes se han abstenido de votarla y donde puede encallar y empantanarse .

Si no hay voluntad política mayoritaria ni conciencia de reparar las decisiones de una administración injusta e irresponsable que ha asumido acuerdos que han tenido consecuencias muy negativas y han menoscabado la presunta dignidad del gobierno colonial de España, una vez más estaremos ante decisiones y actitudes engañosas, meras justificaciones y lavados de imagen que no forman parte de políticas claras y decididas como las que se precisan en un mundo políticamente inestable.

Hermanos y hermanas saharauis: No dejéis de desconfiar de nuestras sempiternas palabras de serpiente, que no os confundan de nuevo. Pero no perdáis la esperanza de que, quizá, algún día, sepamos recuperar el camino de la dignidad. Os necesitamos.

Santiago Jiménez