Sumar registra hoy una proposición de ley en el Congreso para regular las relaciones comerciales y económicas en territorios militarmente ocupados, como Palestina y el Sáhara Occidental. De esta forma, plantea impedir que empresas que operan en esas zonas, por ejemplo, se presenten a concursos públicos o reciban subvenciones de la administración pública.
La iniciativa, según explican desde el socio minoritario de la coalición de Gobierno, busca seguir la estela del reconocimiento del Estado palestino y pretende garantizar que las empresas no participen en «vulneraciones» del Derecho Internacional y que se «lucren con dinero público». También evoca el requerimiento que mandó recientemente el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, a las empresas españolas en Israel para que le informaran de las medidas que estaban adoptando para garantizar que su actividad no contribuía al «genocidio» en Gaza.
El texto del grupo plurinacional, al que ha tenido acceso Europa Press, alude a Palestina como caso paradigmático con resoluciones de Naciones Unidas reclamando a Israel que dejara de anexionarse territorio y se calificó de ilegal las ocupaciones en zona palestina tanto por la ONU como por otras instancias internacionales.
No obstante, remarca que el problema de las actividades comerciales» que se desarrollan en territorios «ilegalmente ocupados» se extiende al caso del Sáhara Occidental, Crimea o Chipre, donde resoluciones de la ONU y decisiones judiciales también han reafirmado la necesidad de respetar el derecho internacional y garantizar la integridad territorial de los Estados afectados.
En el caso saharaui, Sumar lamenta que a pesar de los dictámenes emitidos al respecto, España sigue «participando en relaciones comerciales de distinto tipo con empresas que explotan ilegalmente recursos o productos que provienen o se manufacturan en esos territorios ocupados, incluyendo sus aguas territoriales».
Al respecto, el texto del socio minoritario de la coalición enfatiza la obligación de España de «evitar la complicidad» con la violación de los Derechos Humanos, un deber que también se extiende a las empresas trasnacionales según lo dispuesto también por la ONU. Concretamente, cita el documento Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, que en su séptima disposición advierte de que en zonas en conflicto el riesgo de vulnerar los Derechos Humanos es mayor y que las compañías que «operan en tales contextos» no pueden verse asociadas a estos abusos y deben tomar medidas para mitigarlos en el despliegue de su actividad.
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