En una votación inesperada y cargada de significado político, Sumar y Partido Popular aprobaron conjuntamente en el Congreso una proposición que insta al Gobierno a volver al marco del derecho internacional y reafirmar el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. El PSOE votó en contra y Vox se abstuvo.
En una de las alineaciones parlamentarias más sorprendentes de los últimos meses, Sumar y Partido Popular (PP) sacaron adelante en el Congreso de los Diputados una iniciativa conjunta destinada a reafirmar el apoyo de España al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, en consonancia con las resoluciones de Naciones Unidas. La proposición, fruto de una enmienda transaccional entre ambos grupos, fue aprobada con 20 votos a favor, frente a 12 en contra —todos ellos del PSOE— y 3 abstenciones de Vox.
El texto reclama que el Gobierno recupere la que denominan la “posición histórica” de España respecto al Sáhara Occidental: un alineamiento claro con el Derecho Internacional, con el marco de la ONU y con las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en reiteradas ocasiones han establecido que Marruecos no tiene soberanía sobre el territorio y que los recursos saharauis no pueden ser explotados sin el consentimiento de su pueblo. La iniciativa, además, exige al Ejecutivo que condene las vulneraciones de derechos humanos en los “territorios ocupados” y que apoye de manera explícita los esfuerzos del enviado personal del Secretario General de la ONU, Staffan de Mistura, para desbloquear el proceso político.
Durante el debate, la dimensión histórica del conflicto estuvo muy presente. El portavoz de Sumar, Enrique Santiago, recordó que España abandonó al pueblo saharaui hace 50 años, cuando el franquismo permitió la ocupación marroquí del territorio, una decisión cuyas consecuencias todavía perduran. Por su parte, el portavoz del PP, Carmelo Barrio, subrayó que el derecho de autodeterminación sigue plenamente vigente y criticó con dureza el “giro” del Gobierno hacia la aceptación del plan marroquí de autonomía, que consideró incompatible con el derecho internacional.
El resultado de la votación envía un mensaje político inequívoco: una mayoría heterogénea del Congreso reclama que España rectifique su posición, vuelva al consenso histórico y reafirme su compromiso con una solución justa y conforme al derecho internacional para el Sáhara Occidental. Una señal de que, más allá de las diferencias ideológicas, existe un creciente rechazo parlamentario al alineamiento del Gobierno con la postura marroquí.
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