FOTO: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

En su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Felipe VI incluyó una breve referencia al Sáhara Occidental:

“España seguirá apoyando al enviado personal del Secretario General de Naciones Unidas para alcanzar una solución aceptable, de conformidad con las normas y el marco de Naciones Unidas.”

La frase parece rutinaria, pero encierra un cambio importante. Por primera vez en años, desaparece la expresión “mutuamente aceptable”, que era el comodín diplomático que España repetía mecánicamente en cada foro internacional. El matiz es decisivo: ya no se subraya la necesidad de un acuerdo entre las dos partes, sino solo una “solución aceptable”, fórmula ambigua que abre la puerta a interpretaciones y diluye el papel del pueblo saharaui como sujeto de autodeterminación.

Este retroceso en el lenguaje no es casual. Desde mediados de los 2000, España fue suavizando la mención al referéndum, hasta casi hacerlo desaparecer. En los años noventa y primeros dos mil, todavía se hablaba de “libre determinación” y del “derecho del pueblo saharaui a decidir su futuro”. Hoy, ese lenguaje ha quedado arrinconado. El discurso de Felipe VI confirma un desplazamiento hacia la ambigüedad, que coincide con el giro de Pedro Sánchez en 2022 al apoyar el plan marroquí de autonomía.

Conviene recordar que el referéndum de autodeterminación no es una quimera ni un capricho político. Es una obligación jurídica recogida en resoluciones de la ONU, reafirmada por la Corte Internacional de Justicia en 1975 y ratificada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en sus sentencias de 2021 y 2024. Que hayan pasado 50 años de ocupación no anula ese derecho: al contrario, prolonga una injusticia histórica que sigue pendiente de reparación.

El riesgo es claro: que el silencio o la tibieza de España en Naciones Unidas contribuya a consolidar el relato marroquí de que no queda otra salida que aceptar la ocupación. Pero la historia demuestra que los pueblos que resisten, incluso décadas, acaban imponiendo su derecho. España, potencia administradora de iure, no puede convertirse en notario del expolio. Callar —o vaciar de contenido las palabras— es otra forma de complicidad.

Además, la actitud española contrasta con lo que ocurre en otros foros internacionales. La Unión Africana sigue reconociendo plenamente a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) como Estado miembro. Países de América Latina y del África austral reiteran de forma clara su apoyo al referéndum. Incluso en la Unión Europea, el Tribunal de Justicia ha desautorizado los acuerdos comerciales y pesqueros con Marruecos que incluyan al Sáhara Occidental. Frente a ese panorama, el discurso ambiguo de España aparece cada vez más desfasado y aislado.

Tampoco puede olvidarse el vínculo histórico. España fue la potencia colonizadora del Sáhara Occidental y, según el derecho internacional, sigue siendo la potencia administradora hasta que culmine la descolonización. Renunciar a hablar de referéndum no es neutralidad: es incumplir obligaciones jurídicas concretas. España debería ser garante del derecho de autodeterminación, no cómplice de quien ocupa el territorio por la fuerza. El paso de los años no borra responsabilidades.

Y aquí se revela la incoherencia más flagrante: España y Europa no pueden pretender erigirse en paladines contra el genocidio perpetrado por Israel contra el pueblo palestino mientras guardan silencio o se pliegan a la estrategia colonial de Marruecos contra el pueblo saharaui. Marruecos es hoy aliado fiel y alumno aventajado de Israel: en la ocupación, en la represión, en la construcción de muros y sistemas de vigilancia, en la normalización diplomática que blanquea la violencia. Lo que Rabat aplica en el Sáhara es un espejo del modelo israelí en Palestina.

La credibilidad moral de España y de Europa se desmorona cuando aplican principios en un caso y los niegan en otro. No hay derechos humanos selectivos, no hay legalidad internacional a la carta. La misma voz que denuncia la masacre de Gaza debería denunciar con igual firmeza el colonialismo en El Aaiún y Dajla. De lo contrario, lo que queda es una política exterior de traición y doble rasero.

El pueblo saharaui, por su parte, sigue mostrando que el derecho a decidir su futuro no se archiva con un discurso. En los campamentos de refugiados se forman nuevas generaciones que reivindican su identidad y su soberanía. En los territorios ocupados, la resistencia civil desafía la represión marroquí. Y en la arena internacional, el Frente Polisario mantiene la batalla legal y diplomática. Esa perseverancia es la mejor prueba de que el referéndum no es una utopía irrealizable, sino una deuda histórica pendiente que ningún silencio diplomático podrá borrar.