La Comisión Europea ha vuelto a situarse en el centro de la polémica al impulsar un nuevo acuerdo comercial con Marruecos que, de manera explícita, abarca los territorios ocupados del Sáhara Occidental. La votación de los Estados miembros está prevista para el próximo miércoles 1 de octubre. Según reveló Western Sahara Resource Watch (WSRW) a partir de documentos filtrados, Bruselas tramita el acuerdo como una enmienda al Acuerdo de Asociación UE–Marruecos, mediante un intercambio de cartas que modifican los Protocolos 1 y 4. Esta vía técnica, poco visible para la opinión pública, permite acelerar la aprobación sin un debate democrático real.

El informe de WSRW subraya que la Comisión Europea no sólo ignora los fallos judiciales, sino que vuelve a diseñar un mecanismo para incluir el comercio con productos del Sáhara Occidental en los marcos jurídicos de la UE. Lo hace sabiendo que, en diez sentencias consecutivas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dejado claro que Marruecos no tiene soberanía sobre el Sáhara Occidental y que ningún acuerdo puede aplicarse al territorio sin el consentimiento del pueblo saharaui.

Según reveló El Independiente, el texto que la Comisión Europea quiere someter a votación mañana, miércoles 1 de octubre, fue negociado en secreto entre el 10 y el 15 de septiembre, con el objetivo de sortear la sentencia del TJUE del 4 de octubre de 2024 que anuló la aplicación de los acuerdos agrícola y pesquero al Sáhara Occidental. Fuentes del Frente Polisario citadas por este medio advierten que, si el texto prospera, impugnarán de nuevo ante la justicia europea, recordando que el TJUE les reconoció capacidad procesal para defender los derechos del pueblo saharaui y que cualquier acuerdo que afecte al territorio sin su consentimiento “está condenado a la anulación”. Esta tramitación opaca y acelerada encaja con lo denunciado por WSRW, que publicó un documento filtrado de la UE: la maniobra vuelve a modificar los Protocolos 1 y 4 del Acuerdo de Asociación UE–Marruecos mediante un intercambio de cartas, para otorgar preferencias arancelarias a productos originarios del Sáhara Occidental pese a la jurisprudencia vigente. La votación de los Estados miembros está prevista para este miércoles 1 de octubre.

El fallo más reciente, del 4 de octubre de 2024, anuló la aplicación del acuerdo UE–Marruecos de 2019 por violar precisamente este principio. Aquella sentencia fue una victoria jurídica rotunda del Frente Polisario y confirmó que el pueblo saharaui es sujeto de derecho con capacidad para decidir sobre sus recursos. La maniobra actual de la Comisión no sólo desoye esa sentencia, sino que pone en entredicho la autoridad del propio sistema judicial europeo.

WSRW denuncia además que el procedimiento elegido carece de transparencia: se ha negociado en silencio, sin someterse a escrutinio público ni parlamentario, y en connivencia con la potencia ocupante. Para la ONG, este acuerdo no es un simple tecnicismo, sino un intento consciente de legitimar la explotación ilegal de los recursos saharauis bajo cobertura europea.

En paralelo, el Observatorio Saharaui para la Supervisión de los Recursos Naturales y la Protección del Medio Ambiente (SONREP) ha emitido un comunicado en el que respalda la denuncia y advierte que la UE se expone a graves riesgos legales y políticos. El SONREP recalca que estos acuerdos vacían de contenido los esfuerzos de paz de Naciones Unidas y equivalen a consolidar la ocupación marroquí sobre un territorio pendiente de descolonización.

La contradicción con el proceso político de la ONU es flagrante. Mientras el Consejo de Seguridad mantiene un mandato claro para garantizar la autodeterminación del pueblo saharaui, la Comisión Europea otorga a Marruecos un aval económico y político que debilita al Enviado Personal del Secretario General y refuerza el statu quo de la ocupación.

Las consecuencias de esta política van más allá del derecho. Al reincidir en la ilegalidad, Bruselas erosiona su credibilidad internacional, proyecta una imagen de doble rasero y mina los valores que proclama en otros escenarios, como Ucrania o Palestina. La pregunta es inevitable: ¿cómo puede la UE exigir a terceros el respeto del derecho internacional cuando ella misma lo viola en el Sáhara Occidental?

El SONREP y organizaciones como WSRW coinciden en exigir a la Comisión y a los Estados miembros que detengan de inmediato la tramitación, respeten las sentencias judiciales y reconozcan el derecho del pueblo saharaui a decidir sobre sus recursos y su futuro. No hacerlo significa alinear a Europa con la potencia ocupante y convertirse en cómplice del expolio.

La votación del miércoles será una prueba de fuego para los gobiernos europeos. De aprobar la enmienda, se colocarán del lado de la ilegalidad y del ocupante marroquí. Rechazarla, en cambio, significaría recuperar parte de la credibilidad perdida y enviar una señal clara de que la Unión Europea no está dispuesta a sacrificar sus principios por intereses económicos.

La Unión Europea se enfrenta así a una disyuntiva fundamental: persistir en el camino del expolio o alinearse con la legalidad internacional y la justicia histórica. El pueblo saharaui, respaldado por las resoluciones de la ONU y las sentencias del TJUE, no puede ser ignorado.

PLATAFORMA «No te olvides del Sahara Occidental»