La aprobación de la Resolución 2797 (2025) del Consejo de Seguridad, que renueva el mandato de la MINURSO hasta octubre de 2026, ha sido presentada por algunos actores internacionales como un paso más hacia la “estabilidad” y el “desarrollo” en el Sáhara Occidental. Sin embargo, una lectura atenta demuestra que la resolución no solo no resuelve nada, sino que consolida un statu quo injusto y prolonga una ocupación ilegal que dura casi medio siglo. A continuación se exponen diez argumentos esenciales para comprender por qué esta resolución es, una vez más, una imposición sin justicia ni respeto al derecho internacional.
- Evita el núcleo del conflicto: el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Aunque el texto menciona el derecho a la autodeterminación, no establece ningún mecanismo concreto para su aplicación efectiva, ni fija cronograma alguno para un referéndum. Es una declaración vacía que posterga indefinidamente el ejercicio de ese derecho inalienable. Además, ignora las reiteradas demandas del pueblo saharaui de votar libremente sobre su futuro político.
- No incorpora medidas claras para el fin de las hostilidades. La guerra se reanudó el 13 de noviembre de 2020 tras la ruptura del alto el fuego por parte de Marruecos en Guerguerat. La resolución no reconoce plenamente este hecho ni propone pasos para desescalar el conflicto militar. Ni siquiera exige el respeto de los acuerdos anteriores o la retirada de fuerzas ocupantes del muro militar marroquí.
- Sostiene la narrativa marroquí al no condenar la ocupación. La resolución evita llamar a las cosas por su nombre, no califica al Sáhara Occidental como territorio ocupado ni reconoce a Marruecos como potencia ocupante. Esto perpetúa una ambigüedad que solo beneficia a quienes vulneran el derecho internacional. La omisión es aún más grave cuando la ocupación es condenada por la Corte Internacional de Justicia desde 1975.
- No introduce cambios significativos en la estructura de la MINURSO. La Misión sigue siendo la única operación de la ONU en el mundo sin mandato en materia de derechos humanos. No hay supervisión, no hay protección, no hay mecanismos para denunciar violaciones en los territorios ocupados. Esto permite que se mantengan impunes las agresiones, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas contra civiles saharauis.
- Ignora el expolio sistemático de los recursos naturales. No se abordan las actividades ilegales de Marruecos y empresas extranjeras en la explotación de fosfatos, pesca, energías renovables o agricultura en el Sáhara Occidental, en contra de dictámenes del Tribunal de Justicia de la UE. Al ignorar este expolio, la ONU legitima de facto una forma moderna de colonialismo económico.
- Da un trato preferente al “plan de autonomía marroquí”. Aunque el lenguaje final atenúa la idea de la «única base posible», sigue presentando la autonomía bajo soberanía marroquí como “solución seria y creíble”. Esto otorga al ocupante un marco de legitimación que el derecho internacional no reconoce. Se omite que el plan fue rechazado en su totalidad por el Frente Polisario, legítimo representante del pueblo saharaui.
- No avanza en la equidad entre las partes. El Frente Polisario es tratado como “parte” en abstracto, mientras que Marruecos aparece implícitamente como actor con prerrogativas reforzadas. La resolución no obliga al ocupante a negociar de buena fe ni corrige el desequilibrio diplomático generado por apoyos externos. Este desequilibrio imposibilita cualquier proceso creíble de diálogo y justicia.
- El mandato se renueva sin una revisión crítica. La falta de resultados año tras año no conduce a una evaluación del mandato ni a una revisión del rol de la MINURSO. Su presencia se normaliza como garante de una falsa paz que encubre la prolongación de la ocupación. Esta inercia convierte a la misión en un mero instrumento de gestión del conflicto, no de solución.
- Elimina la presión política sobre actores externos. La resolución no menciona el papel perjudicial de políticas unilaterales como las de EE.UU. al reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental en 2020. Tampoco aborda la complicidad de países como España, Francia o Israel en la legitimación del ocupante. Al silenciar estos hechos, la ONU evita responsabilizar a quienes contribuyen al bloqueo del proceso.
- Mantiene una fórmula diplomática ineficaz sin propuestas concretas. El texto renueva el ciclo de informes al Consejo, reuniones de buenas intenciones y “llamamientos al diálogo”. Cincuenta años después de la Marcha Verde, esta estrategia solo ha servido para garantizar impunidad y desgaste ante el derecho internacional. La comunidad internacional no puede seguir escondiéndose detrás de fórmulas vacías mientras un pueblo sigue privado de sus derechos fundamentales.
Conclusión
Lejos de resolver el conflicto, la resolución vuelve a enterrar el derecho saharaui bajo fórmulas diplomáticas vacías. La ONU se ha limitado a renovar una misión sin capacidades ni objetivos reales de transformación. Como ha reafirmado el Frente Polisario, el pueblo saharaui seguirá defendiendo por todos los medios legítimos su derecho inalienable a la libertad e independencia, mientras la comunidad internacional siga mirando hacia otro lado.
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