La aprobación de la resolución 2797 del Consejo de Seguridad ha sido presentada por Marruecos como un supuesto aval internacional a su plan de autonomía. Aunque esa lectura es engañosa y contradice tanto el Derecho Internacional como la jurisprudencia de la ONU, Rabat no ha perdido un minuto en convertir esta resolución en un arma política para un segundo frente: África. En particular, la Unión Africana (UA) se ha convertido en el espacio donde el régimen marroquí busca ahora su mayor victoria diplomática: despojar a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) de su estatus de Estado miembro y reescribir, desde dentro, el consenso panafricano sobre el Sáhara Occidental.

Durante treinta años Marruecos mantuvo la política de la “silla vacía”, negándose a ocupar su asiento en la UA para no verse obligado a compartir foro con la RASD. Cuando regresó en 2017, lo hizo con un objetivo claro: erosionar, desde dentro, el reconocimiento saharaui y torcer la posición histórica del continente, basada en los principios de descolonización, soberanía y autodeterminación que dieron origen a la propia organización panafricana. La resolución 2797 ha sido utilizada como pretexto para acelerar esta agenda. Aunque la ONU no reconoce la soberanía marroquí sobre el territorio ni ha aprobado plan alguno, Rabat pretende capitalizar el clima de confusión para presentarse como un actor “respaldado por la comunidad internacional” y abrir paso a su ofensiva diplomática en África.

El primer gran objetivo es conseguir 33 votos de los 55 Estados miembros de la UA: la mayoría cualificada necesaria para plantear siquiera la inclusión en el orden del día de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de un debate sobre la retirada del reconocimiento a la RASD. Sería un hecho sin precedentes, un intento de expulsión que vulneraría los fundamentos constitutivos de la institución y que amenaza con fracturar su unidad interna. Con este propósito, Marruecos ha redoblado su lobby en regiones donde la posición pro-saharaui es más vulnerable: presiona a Estados con dificultades económicas, promete inversiones, firma acuerdos selectivos y busca socavar la cohesión de organizaciones regionales como la SADC, firme defensora de la descolonización del Sáhara Occidental.

En este escenario se comprende mejor lo ocurrido en el Consejo de Seguridad con el voto de la resolución 2797. Marruecos logró fracturar el grupo A3+, que agrupa a los países africanos que ocupan los asientos no permanentes. Lo que antes era un bloque cohesionado —Argelia, Sierra Leona, Somalia y Guyana— terminó dividido tras una intensa campaña de presión y seducción política. Sierra Leona, Somalia y Guyana se alinearon con Rabat, aislando a Argelia en un contexto decisivo. Nada de esto ocurrió de forma espontánea: la maquinaria diplomática marroquí trabajó durante meses para asegurarse esos votos, con visitas discretas, promesas de cooperación financiera y contactos continuos con los ministros de Exteriores implicados.

El epicentro de esas maniobras ha sido la Agencia Marroquí de Cooperación Internacional, cuyo director general se ha erigido en “enviado especial” para desmontar apoyos africanos a la RASD. Sus misiones, especialmente en Sierra Leona y Somalia, han sido determinantes. En Mogadiscio, Rabat se apoyó incluso en un embajador somalí especialmente afín al plan de autonomía marroquí, presionando para reactivar la idea —aún no ejecutada— de abrir un consulado somalí en El Aaiún. El objetivo es claro: tejer una red de complicidades que, sumada a acciones bilaterales en Guyana, permita neutralizar cualquier intento africano de contrarrestar la ofensiva marroquí.

Argelia, por su parte, ha intentado mantener la resistencia institucional. A finales de noviembre solicitó reactivar el histórico “oficina de enlace” de la Unión Africana en El Aaiún, símbolo de la presencia panafricana en el territorio y herramienta clave para mantener contacto directo con las partes del conflicto. Sin embargo, la petición fue rechazada por la Comisión de la UA, que se escudó en una decisión de 2018 que limita el tratamiento de la cuestión saharaui a instancias de máximo nivel político. Un revés significativo que beneficia a Rabat y reduce la capacidad de la UA para ejercer un seguimiento independiente sobre el terreno.

De cara a la cumbre de febrero de 2026, Argelia conserva la posibilidad de solicitar que la cuestión del Sáhara Occidental figure formalmente en el orden del día, pero el ambiente interno no resulta favorable. Marruecos ha conseguido instalar la narrativa de que la cuestión saharaui es un “obstáculo” para la agenda continental, cuando en realidad es un asunto pendiente de descolonización reconocido por la propia ONU y central para la identidad histórica de África. La presión de Rabat intenta convertir la descolonización en una molestia, y su ilegal ocupación en una “solución realista”. Es una inversión completa de los principios del derecho internacional africano.

Pero la ofensiva marroquí, aunque inquietante, también muestra sus límites. La columna vertebral del apoyo a la RASD —Sudáfrica, Namibia, Argelia y buena parte de la SADC— permanece firme. Estos países recuerdan que permitir la expulsión de la RASD abriría un precedente devastador para la estabilidad institucional del continente: equivaldría a aceptar que un Estado puede ser borrado de la UA por presión del ocupante que viola su derecho a existir. Además, muchos gobiernos africanos, incluso los más pragmáticos, perciben el riesgo de legitimar un precedente colonial en pleno siglo XXI.

El pulso, en definitiva, no ha hecho más que empezar. Tras la resolución 2797, Marruecos ha intentado transformar un texto ambiguo en una licencia para imponer su ocupación, primero en el Consejo de Seguridad y ahora en la Unión Africana. Pero África sigue siendo un continente donde la memoria anticolonial pesa. La batalla diplomática que se abre en los próximos meses —desde Addis Abeba hasta cada capital africana— será decisiva para determinar si la UA mantiene su compromiso histórico con la autodeterminación del pueblo saharaui o si cede ante la presión de un Estado ocupante decidido a eliminar a la RASD del mapa político africano.

Plataforma «No te olvides del Sahara Occidental»