- Piden al ministro de Exteriores que actúe ante Marruecos por los presos políticos saharauis, condenados en juicios sin garantías y con confesiones obtenidas bajo tortura.
- Primero Arancha González Laya y ahora José Manuel Albares han guardado silencio sobre los activistas saharauis encarcelados.
Alfonso Lafarga.-
El Movimiento por los Presos Políticos Saharauis (MPPS) lleva tres años concentrándose ante la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación para pedir que España, potencia administradora del Sáhara Occidental, intervenga ante Marruecos para conseguir la libertad de los presos políticos saharauis. El silencio ha sido la única respuesta.
Los lunes, el MPPS se manifiesta en la Plaza de la Provincia, de Madrid, a las 12.30 h, para reclamar a Exteriores que actúe por los presos políticos saharauis, condenados por defender los Derechos Humanos y reclamar el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui.
Primero fue con la ministra Arancha González Laya, la que, según se publicó, fue cesada por exigencias de Marruecos por dejar entrar en España al presidente de la República árabe Saharaui Democrática (RASD) y secretario general del Frente POLISARIO, Brahin Gali, que tiene documentación española, para ser tratado de Covid. Después llegó José Manuel Albares, el que afirma ser gran amigo del ministro de Exteriores marroquí, Nasser Bourita.
El silencio sobre el Sáhara Occidental por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de su ministro de Exteriores es permanente, salvo que sea para apoyar las propuestas del ocupante marroquí, como hizo el jefe del Ejecutivo en su reciente viaje a Rabat.
Tanto Sánchez como Albares hablan con frecuencia de la defensa de los Derechos Humanos en cualquier parte del mundo, ahora especialmente en Gaza y en Ucrania, pero nunca en el Sáhara Occidental, donde cerca de medio centenar de presos políticos saharauis cumplen severas condenas -de diez años hasta cadena perpetua- impuestas en juicios sin garantías y con confesiones obtenidas bajo tortura, según han denunciado juristas que asistieron como observadores, las principales ONG de Derechos Humanos y hasta organismos de la ONU.
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