(…)

Centrémonos en Rafael Lasala, el juez que ha imputado a la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González-Laya en un ejercicio obvio de injerencia en la labor del Ejecutivo por la acogida «humanitaria» temporal del líder del Frente Polisario, Ibrahim Ghali, enfermo muy grave de covid que viajó desde Argelia a La Rioja para ser hospitalizado de urgencia. Lasala es el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza y ha decidido que la exministra de Pedro Sánchez cometió delitos de prevaricación y contra la ley de fronteras porque Ghali aterrizó en la Base Aérea de Zaragoza y no fue identificado.

El caso es rocambolesco, no solamente por las explicaciones que han dado ya desde la Abogacía del Estado –que pidió el archivo del caso– y desde la cúpula de Exteriores, sino por el empeño del juez en no leerse los informes policiales o de la Guardia Civil, publicados además en prensa y que, entre otras cuestiones técnicas, subrayan la nacionalidad española de Ghali, obtenida cuando el Sáhara era colonia española y ratificada en 2004, según los documentos en poder de la Policía, certificados como «legales».

(…)