LONDRES – El Observatorio de los Recursos del Sáhara Occidental (WSRW) ha advertido a la Unión Europea (UE) contra cualquier intento de eludir las sentencias de su Tribunal de Justicia.
«Las instituciones europeas se enfrentan ahora a la disyuntiva de defender el Estado de Derecho o facilitar prácticas que lo desafían abiertamente. Sus acciones podrían revelar no sólo la posición de la UE sobre los derechos del pueblo del Sáhara Occidental, sino también la integridad de su propio sistema judicial», dijo Sara Eyckmans, miembro del Observatorio.
El 4 de octubre de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) decidió invalidar definitivamente dos acuerdos comerciales celebrados entre Marruecos y la UE en 2019 sobre pesca y agricultura, ampliados ilegalmente al Sáhara Occidental ocupado.
En su sentencia, concluye que «los acuerdos comerciales UE-Marruecos de 2019 sobre pesca y productos agrícolas, a los que el pueblo del Sáhara Occidental no dio su consentimiento, se celebraron ignorando los principios de autodeterminación y el efecto relativo de los tratados».
En cuanto al acuerdo sobre las medidas de liberalización de los productos agrícolas, el Tribunal dictaminó que los efectos de la decisión del Consejo Europeo debían mantenerse durante un periodo de 12 meses.
A falta de tres meses para la anulación efectiva del acuerdo, se dice que hay «discusiones secretas» en curso entre los representantes comerciales de la UE y de Marruecos con el fin de encontrar la manera de eludir la legalidad internacional en relación con el Sáhara Occidental.
«(…) las negociaciones entre bastidores tienen lugar discretamente en Bruselas. ¿Su objetivo? Encontrar una solución política a las sentencias del TJUE que declararon inválidos estos acuerdos sin el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental», informó WSRW en su página web.
Citando a un medio de comunicación internacional, la ONG revela que funcionarios europeos y marroquíes están «tanteando las zonas grises legales para mantener los flujos comerciales desde el territorio ocupado, a pesar de las sentencias del Tribunal».
Se dice que las dos partes están examinando los «mecanismos financieros» que deben establecerse para obtener al menos el «consentimiento presunto» exigido por el TJUE para la legalidad de estos acuerdos.
Sin embargo, el TJUE también ha establecido otras condiciones que parece «poco probable que se cumplan», señala WSRW.
«Las sentencias del TJUE no se refieren a la redistribución de beneficios. Se refieren sobre todo al respeto del derecho a la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental. Esto significa, por ejemplo, que la aplicación de la presunción de consentimiento exigiría a Marruecos aceptar el territorio del Sáhara Occidental como separado y distinto y que no puede actuar soberanamente en él«, explica, señalando que »es inconcebible que Marruecos acepte esto a cambio de una reducción de los derechos de aduana sobre los productos procedentes de la Dajla ocupada».
Además, «la capacidad de estas medidas para resistir el escrutinio legal es incierta, especialmente porque el Frente Polisario, reconocido por los tribunales de la UE como el interlocutor legítimo del pueblo del Sáhara Occidental, todavía podría impugnar estos marcos», advierte.