La encuesta de 40dB publicada hoy por EL PAÍS deja un dato difícil de ignorar: casi nueve de cada diez españoles atribuyen al Gobierno marroquí mucha o bastante responsabilidad en la entrada masiva de finales de julio en Ceuta. La opinión pública no sustituye a una investigación, pero sí revela hasta qué punto el relato mantenido por el Gobierno de Pedro Sánchez se ha alejado de la percepción mayoritaria de la sociedad española. Y el sondeo se realizó antes de conocerse el informe policial que apunta a la actuación de agentes marroquíes durante la crisis.
Durante semanas, el Gobierno español ha intentado mantener una línea extremadamente cuidadosa respecto a Marruecos. Pedro Sánchez ha insistido en que no existen “evidencias sólidas” que permitan responsabilizar directamente a Rabat de la entrada masiva registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio. Esa prudencia puede explicarse desde la diplomacia y desde el interés de Moncloa por preservar una relación bilateral que considera estratégica, pero cada vez resulta más difícil sostenerla políticamente sin explicar por qué una parte tan abrumadora de la población española ha llegado a una conclusión distinta.
La encuesta especial elaborada por 40dB para EL PAÍS y la Cadena SER es contundente. Un 89% de los encuestados atribuye al Gobierno de Marruecos “mucha” o “bastante” responsabilidad por lo ocurrido. Es el actor más señalado, por delante de las mafias y redes de inmigración irregular, a las que responsabiliza un 75%, de la difusión en redes sociales de información falsa sobre las vías de entrada, con un 74%, e incluso del propio Gobierno español, al que un 72% atribuye también una responsabilidad elevada.
La encuesta no demuestra quién organizó la crisis y no debe utilizarse como si fuera una prueba judicial o policial. Lo que sí demuestra es otra cosa: la explicación ofrecida por el Ejecutivo español no ha convencido a la inmensa mayoría de los ciudadanos. Y hay un elemento adicional que vuelve todavía más significativo el resultado. Las 2.000 entrevistas se realizaron antes de que se conociera públicamente el informe policial que apunta a la colaboración de agentes marroquíes durante la entrada masiva. El propio EL PAÍS señala que ese dato, conocido después de realizarse el trabajo de campo, podría haber incrementado todavía más la atribución de responsabilidad a Rabat.
El desgaste afecta directamente a Sánchez. Cerca del 63% considera que el presidente gestionó la crisis “mal” o “muy mal”, mientras únicamente una minoría valora positivamente su actuación. La crítica tampoco se limita a la cuestión de quién fue responsable de abrir o permitir la frontera: el Gobierno recibe valoraciones negativas en rapidez, eficacia, transparencia y cohesión. La percepción de lentitud, contradicciones entre ministerios y resistencia a señalar a Marruecos ha acabado construyendo un problema político que ya no puede reducirse a la gestión migratoria.
También está cambiando la manera en que una parte importante de la sociedad española contempla la relación con Rabat. Un 45,7% considera que España debería endurecerla y reducir la cooperación, frente al 36,8% que piensa que debería reforzarse porque Marruecos resulta imprescindible para controlar la frontera. No estamos todavía ante un consenso social favorable a romper relaciones, pero sí ante una señal evidente de desgaste de una política que durante los últimos años se ha presentado desde Moncloa como garantía de estabilidad.
Y ahí aparece inevitablemente el Sáhara Occidental. La arquitectura de la actual relación entre España y Marruecos no puede separarse del giro de Pedro Sánchez en marzo de 2022, cuando el Gobierno español pasó a considerar el plan marroquí de autonomía como la propuesta “más seria, realista y creíble”. Aquel cambio fue presentado como el comienzo de una nueva etapa basada en la confianza, la buena vecindad y la ausencia de acciones unilaterales que pudieran poner en peligro la relación bilateral. Cuatro años después, España vuelve a discutir sobre Ceuta, sobre la utilización de la presión migratoria, sobre Pegasus, sobre las reivindicaciones marroquíes hacia las ciudades autónomas y sobre hasta dónde está dispuesto el Gobierno a señalar públicamente a Rabat.
La encuesta introduce aquí una contradicción difícil de ocultar. Mientras Moncloa mantiene que no existen pruebas suficientes para atribuir al Gobierno marroquí la organización de la crisis, la sociedad española parece haber dejado atrás esa cautela. No porque disponga necesariamente de más información que el Ejecutivo, sino porque observa una secuencia política que ya conoce: crisis fronterizas, presión diplomática y una relación en la que España ha realizado concesiones importantes sin conseguir que desaparezcan las tensiones.
Eso tampoco debería conducir a convertir a las personas migrantes en responsables de una disputa entre Estados. La propia encuesta muestra una preocupante extensión de posiciones cada vez más duras hacia la inmigración, con un 70% partidario de endurecer los controles incluso si eso dificulta la entrada de personas vulnerables. Confundir la responsabilidad política de un Gobierno con quienes cruzan una frontera sería trasladar hacia los más débiles las consecuencias de decisiones adoptadas mucho más arriba.
Pero separar ambos planos no obliga a ignorar el dato político principal. Casi nueve de cada diez españoles creen que Marruecos tuvo una responsabilidad importante en lo ocurrido en Ceuta. Esa percepción existía ya antes de conocerse el informe policial y contrasta frontalmente con la extrema prudencia utilizada por Sánchez al hablar de Rabat.
El problema para el presidente ya no consiste únicamente en demostrar que Marruecos no organizó la crisis. También tendrá que explicar por qué una mayoría abrumadora de la sociedad española considera que Rabat tuvo una responsabilidad que su Gobierno continúa evitando atribuirle.
Y, sobre todo, tendrá que explicar hasta qué punto la política inaugurada con el giro sobre el Sáhara Occidental en 2022 ha proporcionado realmente la estabilidad que entonces se prometió.