Madrid. – 19/02/2021 – ECSAHARAUI.
El Gobierno de España contradice a su propia justicia y se deshace sus responsabilidades como potencia administradora del Sáhara Occidental. Así lo afirma en una carta a los diputados que preguntaron cuál sería su papel tras el estallido del conflicto armado.
El gobierno de España (Unidas Podemos-PSOE) responde en una carta a una pregunta formulada por una diputada de Ciudadanos, que cuestionó la labor del gobierno español como potencia administradora del territorio según la ONU y el derecho internacional. En su respuesta, el ejecutivo español reitera que no tiene »responsabilidad internacional» alguna con el Sáhara Occidental y solo espera que Marruecos concluya con la delimitación de sus aguas territoriales.
Extracto del Auto de la Audiencia Nacional del 2014.
La parlamentaria de ciudadanos destacó en su pregunta qué actuaciones realizará España para asegurar el proceso de descolonización y celebración de un referéndum tal y como dictan las resoluciones al ser uno de los 16 territorios no autónomos que aparecen en la lista de la ONU.
Extracto de la respuesta del gobierno español, difundida por Europa Press. Aunque la carta es un claro desvinculamiento de sus responsabilidades jurídicas, el gobierno español dice que sigue la cuestión muy de cerca y la solución al conflicto pasa por una solución »mutuamente aceptable» en base a las resoluciones estipuladas en la ONU y el Consejo de Seguridad. Por otro lado, consideran no sorprendente el reconocimiento de Trump de la soberanía marroquí sobre territorios del Sáhara Occidental.
Con esta posición, el gobierno contradice a su justicia, que ya emitió una sentencia en 2014, decretada por el propio actual ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, en la que afirma:
»España al ingresar en las NN.UU y firmar la Carta de las Naciones, San Francisco, 26 de Junio de 1945 -publicado en el BOE el 16 de Noviembre de 1990- reconoció el hecho colonial del Sáhara español, contrayendo una serie de obligaciones, y convirtiéndose en Potencia administradora.»
Seguidamente, el mismo auto remarca que:
»España sigue siendo la Potencia Administradora del territorio, y como tal, hasta que finalice el periodo de la descolonización, tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas, entre ellas dar protección, incluso jurisdiccional, a sus ciudadanos contra todo abuso, para lo cual debe extender su jurisdicción territorial para hechos como los que se refieren en la querella a que se contrae el presente procedimiento.»