Comienza la declaración de Brahim Ghali ante la Audiencia Nacional

Brahim Ghali ha sido citado a declarar ante el Juez de la Audiencia Nacional, como investigado. Esto no significa que haya sido citado a la celebración del juicio, sino solo a que realice una declaración ante el Juez porque alguien (Marruecos) ha interpuesto una querella en su contra. Querella, a la que mayoría de expertos, otorga escaso recorrido judicial.

 

Esta declaración es una de las diligencias de investigación que se practican en la fase inicial del proceso, y su finalidad es permitir al investigado ofrecer una explicación al juez para que éste pueda analizar, con mayor conocimiento de causa, si se han llevado a cabo o no los hechos delictivos que se imputan en la querella.

 

Es precisamente esta razón de conformación de la convicción del juez, por la que muchos expertos creen que el asunto será archivado.

El líder del Frente Polisario ya ha nombrado a sus representantes jurídicos con Manuel Ollé Sesé a la cabeza, abogado y catedrático experto en derecho penal internacional. Ollé dijo en recientes declaraciones a la prensa española: »Estas querellas son infundadas porque obedecen a denuncias sin fundamento alguno, cuya pretensión es utilizar a los tribunales de justicia con fines fraudulentos.»

 

Pese a que no le hallan notificado formalmente desde la Audiencia Nacional, el deseo de Ghali es prestar declaración ante el juez Pedraz y colaborar con la justicia de forma voluntaria ante la avalancha de difamaciones propagadas por Marruecos.

 

Como recordatorio, ninguno de los testimonios que se han producido hasta la fecha en sede judicial le apuntan de forma directa como su torturador o autor material. Hay al menos dos querellas refundidas en las que se denuncian delitos de genocidio y torturas. El juez, con el respaldo de la Fiscalía, no accedieron a las peticiones de la acusación sobre la imposición de medidas cautelares contra el investigado porque no aparece como autor directo de los supuestos delitos denunciados.

 

Estas querellas ideadas, deliberadas y redactadas al otro lado del Estrecho, destilan aromas estrictamente políticos. Manuel Ollé.

 

Cabe destacar que ayer por la tarde, el juez Pedraz desestimó la falsa demanda interpuesta por ASADEDH que denuncia una supuesta identidad falsa con la que el presidente saharaui habría entrado con ella al territorio español, rechazando así abrir una investigación. Igualmente, en su auto, el magistrado Santiago Pedraz califica de »totalmente desmedida» la petición de detener al jefe de estado saharaui. El juez añadió además que «se dice que el investigado está procesado por la justicia española por actos de tortura, secuestro y sospechoso de haber cometido crímenes de guerra, lo cual es incierto». Con estos comentarios, la justicia española zanja así uno de los bulos que más había difundido la prensa marroquí, que llegó incluso a inventarse un falso DNI argelino con el nombre de Brahim Ghali.

 

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decidido no adoptar ninguna medida cautelar en relación al líder del Frente Polisario por «informaciones que hayan aparecido en medios de comunicación». Esta respuesta llega después de que la ASADEDH solicitara que le retiraran el pasaporte para evitar su salida de España.

 

Ghali fue ingresado el pasado 18 de abril en el Hospital de San Millán-San Pedro, en La Rioja, con un cuadro grave por dolencias derivadas de la COVID-19, siendo trasladado desde Argelia en un gesto que la diplomacia española tildó de cuestión humanitaria. Un gesto que Marruecos, en primer lugar, se quejó e inició la brecha diplomática, no obstante ayer retrocedió afirmando que con la declaración de Ghali no termina la crisis hasta que Madrid no aclare su posición sobre el Sáhara Occidental. Para Pedro Sánchez, presidente de España, la actitud de Marruecos le parece »inaceptable».

 

Su estancia en España reactivó una querella presentada por asociaciones afines al Majzén marroquí con el fin de manchar la imagen del presidente saharaui, acusándole de delitos presuntamente cometidos en 2019 en los campamentos de refugiados saharauis sin presentar una sola prueba según consta en el auto del magistrado.