Un exdiputado del PP, un empresario marroquí y un abogado con vínculos con Marruecos tras la imputación de Laya por acoger a Ghali.
Por Sidi Maatala/ECS
Madrid (ECS).- Como es habitual, las palabras «amables» de Mohamed VI pronunciadas en su discurso del 20 de agosto en el que abría la vía a poner fin a una crisis que Rabat desató el 10 de diciembre, no se corresponden, sin embargo, con la ofensiva judicial actual contra el Gobierno de Pedro Sánchez por acoger en abril al líder saharaui, Brahim Ghali. El titular del juzgado de instrucción número 7 de Zaragoza ya imputó a Camilo Villarino, exdirector de gabinete de la ex ministra de exteriores de España, Arancha González Laya, y el martes se anunció que tenía la intención de hacer otro tanto con la propia Laya.
A raíz del discurso de Mohamed VI, en el que el déspota abría la vía para poner fin a una grave crisis diplomática, que Rabat desató el 10 de diciembre después de la decisión infame del ex presidente de EE.UU, Donald Trump, de reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, el Gobierno de Sánchez ha mostrado su plena disposición a cerrar esta crisis con Marruecos. Pues su ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se reunió, por vía telemática, con su homólogo marroquí, Nasser Bourita. Sin un amplío grupo de abogados, jueces y ex políticos con fuertes vínculos con Rabat impulsan una denuncia contra miembros del gobierno de Sánchez por el caso «Ghali».
Según ha revelado hoy el digital El Confidencial, detrás de esa ofensiva jurídica hay una doble acción popular protagonizada principalmente por letrados y clientes con fuertes vínculos políticos o familiares con Marruecos. Según la misma fuente, «la acción popular liderada por el abogado malagueño Antonio Urdiales sostiene nada menos que González Laya y Camilo Villarino pudieron cometer delitos de malversación, encubrimiento y prevaricación al permitir a Ghali tratarse de Covid en un hospital de Logroño.
Un exdiputado del PP, un empresario marroquí y un abogado con vínculos con Rabat impulsan la denuncia contra Laya por acoger a Ghali.
El primero es Rachad Andaloussi Ouriaghli, un empresario marroquí de 31 años afincado en Valencia y que obtuvo la nacionalidad española hace cinco años. No es de extrañar. Andaloussi Ouriaghli ya intentó en abril apuntarse como acción popular a la querella presentada en la Audiencia Nacional por torturas contra Brahim Ghali, pero no lo consiguió. En cualquier caso, el empresario marroquí sí ha logrado personarse como acusación en la causa que mantiene abierta el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, quien ya ha imputado a Camilo Villarino, el exdirector del Gabinete de Arancha González Laya, por la entrada de Ghali en España.
El segundo es el abogado Antonio Urdiales, que tiene fuertes vínculos con el régimen marroquí, fue el primero en presentar una denuncia en los juzgados de Zaragoza contra la decisión del gobierno de Sánchez de haber acogido, «por razones estrictamente humanitarias», al líder del Frente Polisario, enfermo grave de Covid. Urdiales aseguró, en declaración a El Confidencial, que no lo hacía por encargo. ¿Pero cuáles eran sus motivaciones?. Según la publicación de El Confidencial, el abogado detrás de la denuncia contra Laya, está casado con una mujer marroquí, tiene familia en Marruecos y se considera “perjudicado” por la crisis diplomática entre España y Marruecos porque “a causa de esa crisis” no puede ir a visitar a su familia embarcando en Tarifa (Cádiz) para viajar a Marruecos. Cabe destacar que «el tráfico de ferris en el estrecho de Gibraltar está interrumpido desde marzo de 2020 a causa de la pandemia. Esa suspensión no guarda ninguna relación con la crisis diplomática».
El tercero es el exdiputado popular, Juan Vicente Pérez Aras, de 57 años, lleva años defendiendo al régimen de Marruecos en la prensa española y elogiándolo cuando le entrevista la prensa escrita o la televisión marroquí. El político popular, hoy en día miembro activo de Foro 2020, una corriente de ese partido en Valencia, justificó, por ejemplo, el 13 de noviembre en la agencia de prensa oficial marroquí (MAP) la invasión marroquí en Gueguerat (sur del Sáhara Occidental) con la que desencadenó la guerra del Sáhara Occidental.
El cuarto es el abogado valenciano, amigo de Rachad Andaloussi Ouriaghli, Juan Carlos Navarro. Navarro instó al juez a investigar si hubo falsedad en documento público, obstrucción a la Justicia y constitución de organización criminal. El letrado presentó primero una denuncia en Logroño, que el juzgado archivó, y a continuación se trasladó a Zaragoza para unirse a Urdiales. Allí, su denuncia sí fue admitida a trámite por Rafael Lasala.