Por Sidi Maatala/ECS
Luxemburgo (Francia). El Reino de España junto a Francia son los únicos estados miembro de la UE que han intervenido en los procesos judiciales a favor de Marruecos. Este miércoles falló el Tribunal General de la Unión Europea sobre el recurso presentado por el Frente Polisario contra la decisión del Consejo (países) de la Unión Europea de aplicar su acuerdo de asociación con Marruecos a los productos del Sáhara Occidental. La defensa del Frente Polisario y del Consejo expusieron en marzo pasado en las vistas orales sus argumentos.
El Tribunal aclaró que los dos casos en cuestión [(T-344/19) y (T-356/19)] están relacionados con los recursos interpuestos por el Frente Polisario, que está inscrito como demandante, contra el Consejo de la Unión Europea, y que se sustenta de acuerdo con lo manifestado por el Comité de sesión por cuatro partes, a saber, el Reino de España, la República Francesa, la Comisión Europea y el Reino de Marruecos. Finalmente, El Tribunal dio la razón al Frente Polisario y anuló los acuerdos comerciales y de pesca de la UE con Marruecos que afectan a las aguas adyacentes y el territorio del Sáhara Occidental, aunque se mantendrán de manera temporal.
En diciembre de 2015, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya anuló el Tratado de Libre Comercio que incluye productos agrícolas o pesqueros siempre que se aplicara al Sáhara Occidental. En la sentencia, el Tribunal afirmó que el Sáhara Occidental “no está incluido en las fronteras internacionalmente reconocidas de [Marruecos] (punto 232), y que “el Reino de Marruecos no tiene ningún mandato concedido por la ONU o por otra institución internacional para administrar el [Sáhara Occidental]” (punto 233).
Enfrentado a un furioso Marruecos, que amenaza con poner fin a toda cooperación con la Unión Europea, el Consejo de la Unión Europea se apresuró a hacer una modificación para incluir en los protocolos de dicho acuerdo la región del Sáhara Occidental y sus aguas adyacentes. Según ha podido recoger ECSAHARAUI de la sala del tribunal, España y Francia han intervenido en el proceso de la segunda vista oral junto al Consejo de la Unión Europea, por tanto a favor de la posición de Marruecos, para intentar forzar al Tribunal a que se declare a favor de las pretensiones marroquíes en el territorio.
El hecho de que España declare a favor de la posición de Marruecos es asombroso. El 4 de julio de 2014, el Tribunal Superior de Justicia Español, la Audiencia Nacional, confirmó que España, no Marruecos, es la potencia administradora del Sáhara Occidental, y que el territorio “no puede ser considerado marroquí”. La sentencia afirma literalmente que los Acuerdos de Madrid de 1975 que repartían el por entonces Sáhara Español entre Marruecos y Mauritania “son nulos y sin efecto legal”.
“Es más que vergonzoso que España, con la responsabilidad histórica que tiene con el pueblo del Sáhara Occidental, elija ponerse del lado de Marruecos, que invadió brutalmente y se anexó el país de los saharauis.
Tras la sentencia de hoy (29.09.2021), el Gobierno español vuelve a posicionarse contra el pueblo saharaui y anuncia que pedirá a las instituciones europeas que recurran ante el Tribunal de Justicia de la UE la sentencia del Tribunal General que anula los acuerdos comercial y pesquero con Marruecos, según fuentes diplomáticas. La propia sentencia, que da la razón al Frente Polisario y al pueblo saharaui, suspende por un plazo máximo de dos meses su aplicación, con el argumento de que la anulación de los acuerdos con Marruecos “con efectos inmediatos podría tener graves consecuencias sobre la acción exterior de la Unión y poner en cuestión la seguridad jurídica de los compromisos internacionales asumidos por esta”, según El País.
España quiere que el Consejo de la UE, que representa a los Estados miembros, aproveche esta moratoria de dos meses para presentar un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la UE, que es la instancia superior al Tribunal General, con sede en Luxemburgo. El objetivo es que, una vez admitido a trámite el recurso, el Tribunal de Justicia suspenda cautelarmente la sentencia hasta su pronunciamiento definitivo, que podría demorarse al menos un año, según las fuentes consultadas.
El objetivo de España es convencer a las autoridades marroquíes de que se trata de una decisión de las instancias judiciales europeas a la que el Gobierno español no solo es absolutamente ajeno sino que, además, está en desacuerdo con la misma; e intentar que este revés no perjudique el proceso de normalización diplomática entre los dos países tras las amenazas de Marruecos.
El recién ministro español José Manuel Albares y su homólogo marroquí Naser Burita tenían previsto una reunión la semana pasada con motivo de la celebración de la Asamblea General de la ONU, pero finalmente el segundo no viajó a Nueva York y ambos hablaron por teléfono, quedando en verse personalmente en una cita que aún no se ha anunciado.
La cuestión del Sáhara Occidental continúa siendo el núcleo de la desestabilización de las relaciones diplomáticas de Marruecos con España, cuyo gobierno del PSOE, con notoria falta de voluntad y acción política, juega a limitarse alejado mientras Rabat presiona a éste último y a la UE con el fin de consolidar su ilegal ocupación.
Origen: España, Francia y el Consejo Europeo intervinieron en el Tribunal Europeo contra el pueblo saharaui.